El BOPA de este miércoles publicaba la aprobación del nuevo Plan de Inspección Ambiental para Asturies, al que la Consejería de Medio Ambiente no dota de medios, con lo cual se convierte en papel mojado. Resulta especialmente sangrante la Sección de Calidad del Aire, encargada del proceso de seguimiento de las mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, que cuenta con sólo un jefe de sección y un ingeniero técnico. Con tan exiguo personal es imposible realizar prácticamente ningún programa de inspecciones medianamente serio.

Las emisiones contaminantes a la atmósfera son las más preocupantes. A la vez que suponen las inspecciones y controles más difíciles y complicados de realizar. Se debe contar con personal específico, cualificado y en número suficiente. No vale con tener a dos personas en una sección, tampoco con mandar a alguno de los ocho guardas responsables de la Sección de Calidad Ambiental a sacar fotos a una chimenea. Se deben hacer unas mediciones en chimenea complejas y unas inspecciones en la instalación industrial que únicamente puede realizar personal titulado con conocimientos en procesos químicos e industriales.

En 2014 ya se elaboró otro plan de inspección ambiental con vigencia para cuatro años, poniéndose en marcha en ese momento un Servicio de Control Ambiental, pero sin apenas dotación de personal, situación que persiste. Los resultados saltan a la vista: las alarmas por contaminación no dejaron de sucederse, la protesta vecinal por los continuos incidentes ha ido in crescendo, los datos de picos de contaminación en las estaciones medidoras están a la orden del día, hay cientos de denuncias presentadas… En cambio, apenas hubo sanciones por emisiones a la atmósfera. Lógicamente, si no hay quien inspeccione, investigue y controle, difícilmente puede haber sanciones aunque se incumpla la ley.

Es importante explicar que el Principado se ve obligado a elaborar estos planes en base a una directiva europea sobre emisiones industriales que obliga a los estados miembros a establecer un sistema de inspección medioambiental de las instalaciones que incluya el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes. Y la obligación para las autoridades competentes de elaborar programas de inspección ambiental. En él se deben incluir inspecciones programadas e inspecciones no programadas; en este último caso, en respuesta a diversas causas, como la existencia de denuncias, los accidentes o incidentes… Ahora estamos en más de lo mismo, un nuevo plan de carácter plurianual (2018-2020) que contiene «objetivos y actuaciones definidas  con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la legislación ambiental».

Todo esto en el papel puede quedar muy bien, pero la realidad es bien distinta. No hay voluntad de inspeccionar a las empresas contaminantes. Desde Podemos Asturies, ya en el proyecto de presupuestos y ahora de nuevo en la Ley de Crédito Extraordinario, propusimos una enmienda de 200.000 euros para reforzar los servicios de inspección ambiental creando cuatro plazas de inspectores titulados superiores. Una enmienda que en ambos casos fue rechazada por el Gobierno de Javier Fernández.