La antigua sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), vinculado a UGT, fue el lugar elegido por Podemos Asturies para ofrecer una rueda de prensa en torno al presunto caso de corrupción en la cúpula del sindicato socialista que está investigando la fiscalía. El diputado y secretario general autonómico del partido, Daniel Ripa, repasó las distintas tramas de corrupción política que afectan a Asturies y aseguró que «todo el mundo intuía o sabía que algo pasaba con José ángel Fernández Villa, con las obras de El Musel, con la gestión privada del agua en algunos ayuntamientos y con los cursos de formación de UGT. Pero el Gobierno de Javier Fernández, en lugar de investigar esta corrupción estructural, lo que ha hecho es bloquear medidas como la ley anticorrupción». Ripa recordó, frente a las que fueron las oficinas del IFES, en la ovetense calle Fuente de la Plata, que «éste es uno de los lugares que podría estar siendo investigado por la fiscalía por un presunto caso de autocontratación o por posibles sobrecostes en la contratación del local».
Al parlamentario morado le llama la atención que el Gobierno presidido por Javier Fernández, «que siempre había obstaculizado las investigaciones sobre presunta corrupción relacionadas con UGT, haya decidido personarse en la causa. Creemos que esa personación se deriva de la solicitud de investigación que ha registrado Podemos Asturies esta semana en el Parlamento asturiano». Detalló al respecto que «hemos pedido conocer las partidas de subvenciones, facturas y conceptos específicos» e ironizó al añadir que «queremos la información completa, a ser posible sin triturar».
Daniel Ripa considera que, en el fondo, «el Gobierno de Javier Fernández está denunciándose a sí mismo y UGT, con el anuncio de su denuncia contra el Gobierno, también se está denunciando a sí misma», puesto que «hasta una treintena de altos cargos de UGT y del PSOE han pasado de una organización a otra con total tranquilidad, así que estamos ante una guerra de familias entre el sindicato y el partido. Esto nos recuerda a lo que pasó en el caso Bárcenas, donde el PP empezó negando los hechos, después se personó para bloquear la investigación y posteriormente Luis Bárcenas denunció al Partido Popular y el Partido Popular denunció a Luis Bárcenas. En esa situación nos hallamos, con UGT y el PSOE denunciándose mutuamente».
Alertó sobre el hecho de que la investigación de la que es objeto el sindicato cercano a la FSA no afecta sólo al presunto uso indebido de fondos para formación, sino que «la gestión de los fondos para inmigrantes también está siendo analizada por la fiscalía y la policía, así como el eventual enriquecimiento de ciertos dirigentes, con sueldos de 60.000 ó 70.000 euros anuales en alguno de los casos de este entramado sindical y empresarial relacionado con UGT. El 1% de los sindicalistas disfrutaba de un nivel de vida que no se correspondía con el 99% de las trabajadoras y trabajadores». Frente a eso, constata que «algo ha cambiado y ahora hay más herramientas al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción, que está impulsando la investigación de los sobrecostes de El Musel. Y desde las instituciones ya hay la capacidad de levantar las alfombras y solicitar expedientes a los que antes no teníamos acceso». Concluyó haciendo «un llamamiento a la colaboración ciudadana para esclarecer qué paso realmente con el uso de fondos públicos».
Ripa estuvo acompañado en la rueda de prensa por la también diputada autonómica Lorena Gil, que aprovechó la ocasión para valorar las declaraciones realizadas ayer por Javier Fernández en torno a la intención de Pedro Sánchez de formar Gobierno. Manifestó que «celebramos el cambio de posición de Fernández en torno a las negociaciones y conversaciones que está llevando a cabo el PSOE a nivel estatal con Podemos», al tiempo que «nos sorprende la posición beligerante que el presidente del Principado mantiene con nuestro partido en nuestra comunidad autónoma». La parlamentaria atribuye esa ambivalencia a que la FSA «sigue desorientada, sin proyecto, respondiendo con ocurrencias que no se ajustan a la realidad social». Invitó a la Federación Socialista Asturiana «a que explique por qué estamos en situación de prórroga presupuestaria, por ejemplo, y por qué el viernes en el Parlamento asturiano votó con Ciudadanos en contra de la toma en consideración de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana que presentaba Podemos Asturies y cuyo objetivo es la reducción del tiempo de espera en la percepción del salario social y de otras ayudas de tipo social. No es razonable no habilitar los recursos humanos y materiales necesarios para atender ayudas de emergencia por las cuales hay gente que tiene que esperar hasta dos años».
