Hemos denunciado en repetidas ocasiones, yo misma lo he hecho en esta Cámara, la irresponsabilidad de utilizar la crisis provocada por el COVID-19 para medrar políticamente. Los partidos que han agitado los miedos y temores de la sociedad para intentar generar un clima hostil, no solo al gobierno, sino a las autoridades sanitarias, han incurrido en una deslealtad inaudita en la historia de la democracia española. Sin embargo, frente a la irresponsabilidad de quienes sólo aspiran a convertir el sufrimiento en votos, se puede incurrir también en otra irresponsabilidad: la de no señalar, de forma honesta y leal, los fallos que se podrían cometer en el camino de la recuperación económica.
Sería irresponsable por nuestra parte no mostrar nuestra preocupación ante las declaraciones efectuadas por altos cargos de este gobierno, en las que se apuntaba, de manera inequívoca, a la necesidad de hacer ajustes en el sector público. La pregunta que le planteamos es, por ello, clara y concisa: ¿prevé su gobierno hacer recortes en el sector público? En caso de que su gobierno emprenda recortes en el sector público, sea en el ámbito que sea, y en el formato que sea, nos parece obvio que estará cometiendo un tremendo error, pero también una gran injusticia. El sector público ha sido uno de los grandes bastiones en la lucha contra el coronavirus, y será la clave para salir de esta crisis con justicia social y para poner nuestra economía en marcha.
No olvidemos, por tanto, a quienes nos han ayudado a salir de esta crisis, ni tampoco a los que luchan por defender sus puestos de trabajo. Y no querría avanzar en esta intervención sin recordar a los trabajadores de la EHBI en el Musel que hoy se han concentrado frente a la Junta General y que el 14 de mayo se vieron obligados a iniciar una huelga de hambre como consecuencia de un recorte de plantilla que nos parece inadmisible y que puede acarrear hasta 7 despidos. A pesar de estar en huelga de hambre se les está haciendo ir a trabajar, poniendo en riesgo su salud. No hay que olvidar que el 78,9% del capital de esta empresa es público, y que tanto el presidente como el director general de la Autoridad Portuaria son nombrados por el Gobierno asturiano. Ayer mismo, la dirección nombrada por su gobierno denegaba la entrada de asistencia médica a los 4 huelguistas, diciéndoles que si quieren asistencia médica deben abandonar antes el encierro. Es inhumano y está en su mano solucionarlo. No se puede postergar solución a este conflicto, y desde aquí reivindicamos la lucha de la plantilla de EHBI y solicitamos al Gobierno asturiano que ponga fin a los recortes en la empresa.
Solo desde una concepción reduccionista de lo que es el Estado se podría dudar de que el sector público ha sido el sostén de la sociedad durante estos meses tan difíciles. El sector público es la Sanidad (el SESPA dispone del 40,88% del personal del Principado: 15.088 efectivos), que ha trabajado al límite de sus capacidades materiales y humanas durante esta pandemia. El sector público es la estructura autonómica y estatal que asegura las condiciones de vida de millones de personas gracias al Salario Social, al Ingreso Mínimo Vital, a las pensiones o al apoyo a las personas desempleadas. El sector público es el colchón que sostiene a millones de familias desde el Ministerio de Trabajo al prohibir los despidos durante la crisis y fomentar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. El sector público son los cuidados (ERA 4,58%: 1.689 efectivos) , es la Educación (33,85%, 14.494 efectivos)… En fin, el sector público está detrás de todas las estructuras de protección social y articulación territorial que han mantenido a flote a nuestro país durante la pandemia y que ahora se vuelcan en reactivar su economía.
Cualquier planteamiento que incluya recortes en cualquier administración estaría poniendo en riesgo la maquinaria de soporte vital de la sociedad, y eso incluye fórmulas de recortes más o menos disimuladas, como dejar de cubrir jubilaciones, o las externalizaciones. Durante los últimos años el sector público ha sufrido externalizaciones masivas, a menudo privatizaciones encubiertas, en ámbitos tan sensibles como el sanitario, el transporte o los cuidados. También en Asturies han tenido lugar externalizaciones en el SESPA, en comedores escolares, en servicios de limpieza, en mantenimiento de carreteras… por no hablar del inmenso expolio de lo público que supuso la privatización de Cajastur. Sin embargo, en ninguno de los servicios externalizados o privatizados se constata mayor eficiencia; al contrario, las condiciones laborales de los y las trabajadoras se deterioran, sistemáticamente, y los servicios empeoran de forma notable. Porque el objetivo de una privatización no es, nunca lo ha sido, mejorar el servicio prestado a la ciudadanía. La dinámica de venta de lo público forma parte de lo que el geógrafo David Harvey denomina “acumulación por desposesión”, y consiste, simplemente, en mercantilizarlo todo y a todos, para mantener los beneficios privados a costa de los intereses de la mayoría social.
Diseñar una agenda de recortes, bien sea mediante ajustes directos, por externalización, o por dejar sin cubrir las jubilaciones, contribuye también a legitimar el discurso de quienes afirman que el sector público está sobredimensionado. Al respecto, merece la pena recordar algún dato. España gastó en 2018 1,1 puntos de PIB menos en Sanidad que la media de la Unión Europea. En Educación, España fue el quinto país del euro con menor gasto, con 8.500 millones de euros menos gastados que la media de la Unión Europea. En Educación Secundaria, por ejemplo, España gastó un 17% menos que la media de la Unión Europea, y un 37,5% menos que Bélgica, el país con mayor gasto educativo de Europa. En materia de protección social España dedicó en 2018 una partida equivalente al 7,5% del PIB, un punto menos que el conjunto de la Unión Europea, esto es, una brecha de 12.000 millones de euros. Los países más punteros de la Unión Europea, de hecho, destinan más del 10% a transferencias sociales y ayudas a los hogares; la estadística, de hecho, está maquillada por las ayudas al desempleo, porque las ayudas a la vivienda, por poner un solo ejemplo, se quedaron en España en el 0,1% del PIB, cinco veces inferior a las prestadas en la Unión Europea.
La inversión en el sector público español está lejos de los estándares europeos y, a pesar de ello, no se deben dejar de reconocer los méritos de nuestro sistema sanitario. Cualquier recorte afecta de forma exponencial a una plantilla desbordada por el envejecimiento de nuestra población, que demanda más recursos y, a menudo, no encuentra más respuesta que una larga lista de espera.
Habrá quien argumente, en todo caso, que hay demasiados empleados públicos. Tampoco los datos apoyan ese tópico, tantas veces escuchado en boca de quienes consideran que el estado natural de la clase obrera debe ser la inseguridad y la precariedad. Podemos, incluso, dejar fuera del cómputo de empleados públicos a los y las trabajadoras de educación, sanidad y servicios sociales. Según Eurostat, sin incluir esos ámbitos, habría 1,3 millones de asalariados al servicio del sector público, esto es, un 2,8% de la población y un 9,2% del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena. En España hay un empleado público por cada 36 habitantes, mientras que en Francia hay uno por cada 27 habitantes y en Alemania uno por cada 29. Si incluyéramos en el cómputo a todos los trabajadores públicos, España sería la cuarta administración de la Unión Europea con menos funcionarios por habitante, uno por cada 16. Cuando se habla de los países nórdicos como modelo de desarrollo, quizá deberíamos recordar que Dinamarca, Suecia y Finlandia emplean a cerca del 30% de la población activa en el sector público.
Y tengamos en cuenta que la administración asturiana es de las más envejecidas del Estado: en la Universidad, la media de edad de la plantilla es de 56 años, y en la Administración del Estado de 52 años. Se ha bloqueado a varias generaciones el acceso al empleo público, condenando a la emigración o la precariedad.
El sector público no debe adelgazar, sino expandirse y convertirse en el motor que impulse al conjunto de nuestro sector productivo. Frente a los recortes salariales y el deterioro de las plantillas que supuso la crisis de 2008, tenemos que proteger lo que es de todos, y de todas. Especialmente, cuando la brecha en justicia fiscal con los países de la eurozona es de 7,2 puntos y el fraude fiscal alcanza los 59.000 millones de euros. Un fraude fiscal, por cierto, que según los técnicos de Hacienda corresponde en tres cuartas partes a la gran empresa. Hoy en día, cuando algunos se rasgan las vestiduras porque se pretende hacer pagar un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas españolas, acostumbradas a una fiscalidad a la carta, conviene recordar que los ciudadanos más ricos de Alemania o Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, pagaban impuestos que llegaban al 80%.
Desde Podemos Asturies hemos propuesto reiteradamente que se reduzca el mínimo exento del impuesto de patrimonio para que puedan contribuir a los fondos públicos los patrimonios superiores a 800.000 euros, de manera que las arcas asturianas ingresarían cerca de 8 millones de euros. También hemos recordado el ruinoso resultado de externalizaciones como la de GISPASA, las derivaciones a la privada, que nos cuestan más de 36 millones de euros o el lastre en los presupuestos asturianos por la deuda generada por sociedades como Zalia o SOGEPSA, inmersa esta última en una investigación por parte de la Fiscalía, cuyo funcionamiento irregular nos cuesta 21 millones de euros solo en amortización de la deuda. Una moratoria en el pago de esa deuda nos habría permitido sufragar las cuotas de todas las personas autónomas de Asturies.
En definitiva, no faltan recursos, ni sobra sector público. Tienen que decidir si aplauden o recortan. Lo que necesitamos no son nuevos recortes, ni ajustes, sea por la vía que sea, sino movilizar nuestros recursos mediante una redistribución progresiva de la riqueza y un refuerzo del conjunto de nuestro sector público, comenzando por los ámbitos que más necesitan, como podría ser el sistema de protección social y de cuidados. Confiamos en que compartan con nosotros la vocación de aumentar los recursos y el personal del conjunto del sector público asturiano, porque incluso el menor recorte lanzaría un mensaje equivocado, que no haría sino alimentar los discursos destructivos que quieren aprovechar la crisis para erosionar lo público. Frente a quienes pretenden utilizar la pandemia para recuperar la dinámica de privatizaciones y empobrecimiento posterior a 2008 y para terminar con el gobierno de coalición y, la mejor respuesta es la solidaridad fiscal y la justicia social.
