Exigíamos una actuación integral contra la corrupción en el GITPA, no que se intentase cerrar en falso con un chivo expiatorio
Aunque el Gobierno justifique la destitución del director general de GITPA como un intento para impulsar un cambio en la gestión de la empresa pública, hay que recordar que el hasta ahora director general, Eduardo González, ha sido denunciado por la Fiscalía por presentar dobles certificaciones de obras y que el informe de la Sindicatura de Cuentas (2006-2013) afecta a dos años de su gestión. Resulta difícil creer que este cese responda, por tanto, a la voluntad de impulsar cambios.
Valoramos como insuficiente el cese de quien ha estado al frente del GITPA los últimos cuatro años y considera que puede estar siendo utilizado por el Gobierno como chivo expiatorio en la llamada “trama del cable”. La corrupción nunca responde a errores individuales y por eso no basta con señalar a un solo responsable.
Venimos insistiendo desde el inicio de la legislatura en la necesidad de aplicar un plan integral de medidas que permitan comprobar documentalmente y en campo todas las actuaciones llevadas a cabo por GITPA, a la vista de las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas, que apunta que todos los expedientes revisados contenían irregularidades. Cuesta creer que este hecho responda a una casualidad. Se trata de depurar responsabilidades en lo que a la vista de los datos que conocemos es una estructura generalizada de actuaciones irregulares.
En este sentido, en el debate de la moción aprobada el pasado 26 de febrero en la Junta General, la diputada Lorena Gil, dejaba claro al consejero de Industria y actual presidente del Consejo de Administración de GITPA, Francisco Blanco, que nuestro grupo parlamentario le ayudaría a actuar, ante su falta de voluntad y firmeza a la hora de afrontar la toma de decisiones en relación a las numerosas irregularidades puestas de manifiesto en los informes del Servicio de Telecomunicaciones, de la Sindicatura de Cuentas y de la Fiscalía. Irregularidades sobre las que Podemos Asturies lleva alertando al Gobierno desde hace meses.
Le dejamos claro que para que Podemos Asturies no apoyara su reprobación parlamentaria, tal y como demandaba el PP, Francisco Blanco tenía en sus manos la oportunidad de no permanecer anclado en la misma inercia que viene arrastrando el conjunto del Gobierno de Javier Fernández y debía actuar con diligencia con el fin de adoptar decisiones políticas. Sin embargo, el cese del director general de GITPA es tan sólo un gesto que no cumple con las demandas que desde Podemos venimos realizando desde hace meses y que responden a un conjunto de medidas que, en paralelo al procedimiento judicial, deben servir al Gobierno en la adopción de decisiones políticas en torno a GITPA.
Reclamamos una investigación seria y a fondo porque las medidas tomadas hasta ahora resultan insuficientes. Este es solo el primer paso, por lo que permaneceremos vigilantes ante las acciones que emprenda el Gobierno y seguiremos tirando del cable para llegar hasta el final de este asunto.
El Gobierno debe seguir dando pasos que no vengan marcados por la estrategia de bronca del PP, que ha buscado poner el foco en un caso de corrupción coincidiendo con la tormenta de Aquagest, sino por la optimización del funcionamiento de la administración que propone Podemos Asturies y por la depuración de responsabilidades políticas.
Tanto PSOE como PP son protagonistas de casos de corrupción y de malas prácticas. En este sentido, nos resulta extremadamente preocupante conocer que el director ahora cesado se haya llevado documentación de la empresa pública en los últimos días. Esto nos recuerda sospechosamente al borrado de los discos duros de Bárcenas en la sede del PP. Mientras unos destruyen documentos y otros formatean discos duros, desde Podemos luchamos para que se depuren responsabilidades políticas.
