Lorena Gil considera “especialmente grave” que esta situación suceda en una empresa pública y solicita “el reconocimiento pleno” de los derechos de los y las trabajadoras del Lavadero de El Batán
El grupo parlamentario va a llevar a la Xunta Xeneral la situación de los 45 trabajadores del lavadero del Batán que, tras una reclamación por cesión ilegal de trabajadores, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias formulaba acta de infracción y propuesta de sanción por incumplimiento del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores a las empresas HUNOSA e IMSA.
Se constata que la prestación de la empresa IMSA hasta al menos octubre de 2019 es permanente e indisociable del funcionamiento del lavadero, haciendo casi imposible aislar el objeto de la contrata del resto de la actividad de HUNOSA, cuyos mandos organizan y dirigen la actividad diaria del personal de IMSA en las mismas condiciones que las de su propio personal, utilizando maquinaria y herramienta fija de la empresa pública tras haber recibido la correspondiente formación de la misma.
Y se reconoce que IMSA se limita a ceder mano de obra, siendo HUNOSA quien ejerce las facultades empresariales de dirección, organización y control, por lo que se apropia así del fruto del trabajo sin asumir su condición de empresario y se extienden Actas de infracción con la correspondiente propuesta de sanción a ambas empresas por incumplimiento del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
Ante estos hechos, Lorena Gil, ha anunciado que va a preguntar con carácter urgente, al Gobierno de Barbón -y más concretamente a al consejero de Industria- sobre “cuándo y en qué sentido va a resolver la Consejería la propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias a HUNOSA e IMSA”.
Además, la portavoz ha indicado que “igualmente queremos conocer qué medidas van a tomar, y en qué plazo, para corregir esta situación de abuso y prestamismo laboral, en la que la remuneración y las condiciones laborales de estos 45 trabajadores son muy inferiores a las de puestos homologables en la empresa HUNOSA.” Para Gil, “la resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias pone de manifiesto que hay una cesión ilegal de trabajadores, lo que es especialmente grave cuando hablamos de una empresa pública. Demandamos el reconocimiento pleno de sus derechos”.
