Daniel Ripa lanzó ayer una batería de preguntas al consejero de Presidencia referentes al caso Marea: “¿Por qué esperaron 5 años para realizar un informe de los daños sustraídos en la Consejería de Educación? ¿Por qué sólo han investigado los años 2009 y 2010? ¿Por qué no investigaron todos los contratos adjudicados por Marta Renedo, María Jesús Otero o José Luis Iglesias Riopedre? ¿Considera que ser proactivos es tardar 5 años en mandar un email a los directores de los colegios e institutos y preguntarles si están allí los materiales de Igrafo y Almacenes Pumarín?”
Daniel Ripa denunció en sede parlamentaria el “manto de amnesia” que parece existir “en todo lo que se refiere al macrojuicio del Arecismo”, e insistió en que hay mucho que recordar. “Tenemos que recordar, por ejemplo, a niños pasando frío en un barracón porque una estructura de corrupción desvió cientos de miles de euros de las escuelas públicas a los bolsillos privados de los funcionarios de Areces. Estamos ante un juicio donde existen damnificados. Se han cerrado escuelas rurales, despedido a profesores o mantenido a niños sin los servicios necesarios. Mientras, políticos y empresarios saqueaban y se forraban, presuntamente, con el dinero público”, denunció el parlamentario de Podemos Asturies.
Ripa recordó a Guillermo Martínez las críticas del juez y la Fiscalía al Gobierno por aportar el informe “fuera de plazo, tras 5 años, y en un momento del procedimiento donde es imposible incluirlo”. Por otra parte, le acusó de negar en el pleno la existencia de negociaciones con los implicados, cuando “todos los abogados en la causa sabían que no era así” y le recordó la reunión mantenida en una cafetería de Xixón entre “el señor Areces, su cabeza de lista en el Senado, ahora con aforamiento preventivo, con el señor Riopedre, principal responsable político, por ahora, investigado”.
Soft Computing: “dinero público para cubrir la responsabilidad de un patrono privado”
Lorena Gil volvió a llevar al pleno la situación del centro europeo de Soft Computing, para preguntar al consejero de Empleo qué decisiones había tomado el Patronato, en el que se encuentran tanto el Principado como la Fundación Bancaria Cajastur. La diputada recordó que “ahora hay una sentencia judicial que declara nulo el despido y ordena la readmisión de los trabajadores aunque se les exonera de ir a trabajar, porque el centro está cerrado”, esto después de realizar “una inversión sin proyección de futuro” y de “dejar morir el Centro”.
Lorena no solo acusó al Gobierno de “comprometer dinero público para cubrir la responsabilidad de un patrono privado en el pago de una indemnización” sino también de “invertir casi 8 millones de euros de dinero público para acabar dejando morir el centro”, porque después del compromiso inicial de inversión, “todo parece indicar que los patronos asumían que cuando se agotaran los fondos el centro cerraría”. Un ejemplo el de Soft Computing, considera la diputada, de que “las inversiones y las estrategias en I+D+i siempre han estado marcadas por voluntades privadas”.
