Sólo 10 de los 78 consistorios asturianos mantuvieron un control legal de su patrimonio hasta 2013 según los informes de la Sindicatura de Cuentas debatidos este lunes en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Xunta Xeneral. Del informe se deduce que en 2013 hubo 25 Ayuntamientos que se negaron a colaborar con la Sindicatura de Cuentas. Esta información nos parece preocupante dado que los municipios son los organismos más cercanos a la intervención directa de vecinos y vecinas. Concretamente, estamos hablando de requerimientos por diversos temas con los que no se ha remitido información en los consistorios de Ayande (5), Amieva (1), Belmonte de Miranda (5), Cabranes (2), Cuideiru (5), Parres (3), Peñamellera Alta (1), Pezós (1), Quirós (1), Ribadeva (5), Riosa (1), Somiedu (1), Villayón (4), Ayer (2), Carreño (2), Corvera (2), lLaviana (1), Parres (2), Pravia (1), Villaviciosa (2), Cangas del Narcea (1), Castrillón (3), Vilanova d’Ozcos (3), Xixón (1) y Santo Adriano (1) [entre paréntesis, el número de incumplimientos de cada Ayuntamiento].
Aunque los porcentajes de cumplimiento de suministro de la información sean mayoritarios, el hecho de que exista un solo componente del sector público local que hurte el derecho de la ciudadanía a fiscalizar las cuentas para las que la misma aporta la financiación, constituye un déficit democrático que ha de subsanarse con urgencia.
Si bien el informe asegura que Asturias lidera el ránking de Comunidades Autónomas con un mayor nivel de rendición de cuentas de sus entidades locales en el ejercicio 2014 (según el portal web rendiciondecuentas.es mencionado en el informe), esto sólo es así si tenemos en cuenta el plazo del 15 de octubre de 2015. Es más, teniendo en cuenta la fecha actual, el Principado de Asturias presenta una de las cifras de rendición más bajas, sólo por delante de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.
Por otra parte, el Síndico hizo alusión a la inexistencia de inventarios o bien inventarios con deficiencias notables. Sólo 10 de los 78 consistorios asturianos mantuvieron un control legal de su patrimonio hasta 2013. Hay que recordar que la colaboración es una obligación legal para todas las entidades fiscalizadas. No siempre se cumple con la debida atención y en muchas comparecencias lo ha subrayado el propio Síndico, según él mismo reconoce. Se señala que no han colaborado y se hacen recomendaciones al respecto. Sin embargo, se trata más de un apunte fiscalizador que una fiscalización plena.
Según el informe, en 15 ayuntamientos se adoptaron 66 acuerdos contrarios a Informes del Secretario municipal. Son llamativos los 13 acuerdos de contratación que incumplen la normativa en Siero, 5 acuerdos de urbanismo de El Franco, el acuerdo sobre subvenciones que vulneran las bases de la convocatoria en Soto del Barco. Municipios gobernados en la fecha del informe de la Sindicatura de Cuentas (2013-2014) por el PSOE, el PP y Foro. A juicio de Podemos, los problemas de estos ayuntamientos son un reflejo de la gestión nefasta de lo público por parte del bipartidismo.
El análisis de la gestión de algunos Ayuntamientos arroja resultados preocupantes en materia de gastos financieros, control de gestión, mantenimiento de unidades sin actividad pero con generación de gasto público, periodo medio de pago a proveedores o contratación pública. Este último punto, donde actúan los lobbies más peligrosos en cuanto al origen de la corrupción, nos preocupa especialmente. Una contratación pública sesgada por grupos de presión, locales o extralocales, suele convertirse en una sangría de dinero de los Ayuntamientos y también directamente de los ciudadanos, como ha sucedido con el agua en buena parte de nuestra geografía. Aquagest, la empresa de la ‘trama del agua’, firmó contratos con 27 ayuntamientos y pagó más de 50 millones para conseguir las concesiones. Hoy en día, hay ¿una treintena? de políticos investigados por cohecho y tráfico de influencias.
Se hace necesario, por tanto, una mayor control sobre la contratación pública local y sobre las bases que los Ayuntamientos han de aplicar para dicha contratación.
