Reparación, restauración y verdad. En esas tres demandas se fundamenta la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario de Podemos Asturies llevará al pleno de la Junta General del Principado para exigir compensación de daños y claridad en torno a la obra de construcción de la Variante de Payares, que suma ya un largo historial de sobrecostes y retrasos. Así lo anunciaron ayer, en una rueda de prensa ofrecida en la sede ovetense del partido, el diputado autonómico Héctor Piernavieja, el congresista asturianos de Unid@s Podemos Segundo González y el secretario general de Podemos L.lena, Luis Román. «Nos parece clave el concepto de auditoría económica y medioambiental para esclarecer las causas de estos retrasos de más de ocho años y los sobrecostes de más 2.500 millones, que creemos que podrían superar los 3.000 millones cuando se finalice la obra», apuntó el diputado estatal.

«Héctor Piernavieja, Segundo González y Luis Román anuncian una iniciativa parlamentaria para reparar daños y aclarar los sobrecostes»

Por su parte, Héctor Piernavieja explicó que la iniciativa parlamentaria «responde a tres principios básicos que nos parecen innegociables en cualquier cuestión relativa a la Variante y en las infraestructuras de competencia estatal que ahora mismo están pendientes de terminar o de desarrollar en nuestra comunidad autónoma: reparación para los vecinos que llevan una década sufriendo una obra mal planificada y mal ejecutada, restauración de las zonas ambientales que han sufrido el impacto con el pinchazo de 28 acuíferos y con montes cuyas dinámicas ecológicas se han visto totalmente alteradas, y verdad, porque para que cualquier fecha de apertura de la Variante tenga credibilidad nos parece fundamental conocer de primera mano qué ha llevado a que una infraestructura necesaria para conectar Asturies con la Meseta haya acarreado sobrecostes de más de 2.500 millones de euros y que hoy no sepamos cómo y cuándo va a ser abierta». El parlamentario autonómico considera que «lo urgente, que es poner en funcionamiento los túneles, no debe hacernos olvidar lo importante, que es que los vecinos que han padecido la obra se vean compensados por los graves inconvenientes sufridos, que la zona sea recuperada y rehabilitada, y que conozcamos la información real sobre esa obra en la que se ha gastado muchísimo dinero de fondos públicos y no hay visos de que se vaya a abrir».

Por su lado, Segundo González, destacó la importancia de que «se depuren las responsabilidades a nivel político y, en el caso de que les hubiera, también a nivel penal». Y recordó que «estos días aparecen noticias como la de los cuatro millones y medio de sobrecostes que está investigando la Guardia Civil, que creemos que podría ser sólo la punta del iceberg. En una respuesta que recibimos esta semana a una pregunta que realizamos por escrito al Gobierno reconocían que en la declaración de impacto ambiental de la obra no se solicitaba un estudio hidrogeológico. Creemos que ahí está la clave de los sobrecostes y retrasos, por la precipitación en la adjudicación de la obra». Añadió a ello que en el año 2002, «cuando se hizo la declaración de impacto ambiental, quien estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente era Jaume Matas, condenado esta semana a tres años y nueve meses de prisión por el caso Nóos, y Francisco Álvarez Cascos era el que ostentaba la cartera de Fomento. Con las noticias que van apareciendo nuestras sospechas se agudizan, así que vamos a contribuir a que se siga investigando este tema».

El lenense Luis Román aseguró que la proposición no de ley hoy anunciada «recoge de alguna manera las inquietudes de los distintos colectivos de vecinas y vecinos que durante años han estado luchando contra los despropósitos de la obra y que han estado sufriendo vertidos continuos». Reconoció el valor de que se exija, «además de una auditoría económica, la restauración de los daños causados, con compensaciones a la población, porque es algo que llevan tiempo demandando colectivos como El Mesqueiru, la Asociación de Vecinos de Campomanes, de La Caleya…».