Vecinos y vecinas de las viviendas de La Corredoria denuncian opacidad por parte de la empresa gestora y un aumento “desproporcionado” en los recibos del gas
Vuelve la polémica en torno a la gestión de las viviendas construidas por la UTE Arboleya Visoren Norte (AVN) en el barrio de La Corredoria. La pasada semana recibieron notificación de la empresa de que se les iba a aumentar la cuota del recibo del gas y, en menos de una hora, les llegaba la factura con ese aumento, que en algunos casos llegan a los 500 euros. Los vecinos y vecinas están indignados y así se lo han transmitido este lunes en un encuentro al portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Rafael Palacios, y a la portavoz de Somos Uviéu, Ana Taboada.
Los y las damnificadas han explicado a los dirigentes morados que la empresa les cobra “una regularización” del precio del gas que anteriormente era de unos 70 euros y que ahora suponen más de 300. “Hay gente que está en una situación vulnerable y va a tener que escoger entre pagar esta factura o comer”, ha asegurado una vecina de los edificios de la calle Juan Uría. Y es que en los bloques habitan pensionistas, familias monomarentales “y personas que cobran el salario social. Si al mes tienen 426 euros y ahora les reclaman 300 o 500 ¿Cómo lo van a hacer? Nos cuesta más pagar el gas que lo que nos cobran por el alquiler”, han asegurado.
En ese sentido, Rafael Palacios y Ana Taboada han denunciado que “existe un problema grave de falta de comunicación, transparencia y control por parte del Gobierno asturiano porque se desentiende totalmente de estas viviendas”. Así, han reclamado al Ejecutivo asturiano que “expliquen a los vecinos y vecinas de dónde vienen estos consumos, porque ni si quiera pueden acceder al contador para ver lo que gastan”. Por otro lado, han solicitado que la consejería de Derechos Sociales habilite algún tipo de plan para que se puedan fraccionar los pagos. Y en tercer lugar, han reclamado que al Gobierno asturiano “suspenda de manera inmediata el contrato con la UTE AVN y que recupere esas viviendas para la gestión pública desde VIPASA y desde la Dirección General de Vivienda”.
Según Palacios y Taboada, “el comportamiento de esta empresa es como si fueran unos piratas y actúan perjudicando gravemente la calidad de vida de las familias que residen en estas viviendas porque desde el minuto uno, las ha venido engañando. Es intolerable”.
Podemos ha registrado solicitudes de información para que el Gobierno aclare en sede parlamentaria esta situación.
