La Dirección General de Política Lingüística adjudicó en el mes de noviembre del año pasado un contrato para estudiar la toponimia de tres concejos de la zona occidental de Asturies (Cuaña, Villayón y Eilao) a una empresa cuyo objeto social no contempla este tipo de actividades, después de haber encargado a un filólogo experto la realización de dichos informes.
«La Consejería cambió el procedimiento para adjudicar la realización de los informes toponímicos de tres concejos a una empresa de ingeniería»
“Sorprendentemente, el contrato se adjudicó a la empresa de ingeniería, a pesar de que el artículo 57.1 de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe adjudicar contratos a personas jurídicas cuando la prestación contratada no esté dentro del objeto y fines de su actividad, de acuerdo con sus estatutos, que es exactamente lo que ha sucedido”, ha afirmado este martes la diputada de Podemos Asturies durante la Comisión de Educación y Cultura, en la que ha interpelado al Consejero sobre este asunto.
De forma paralela, continuó, “había dos equipos más de especialistas trabajando en labores de toponimia, y los tres casos se vieron envueltos en una serie de irregularidades en cuanto a plazos y formas de contratación”.
Tal es así, que al interesado le ofrecieron al posterior concurso público con la promesa de que lo iba a ganar. “Esto es ya de por sí un absoluto escándalo, porque de confirmarse los hechos estarían hablando de un nuevo caso de prevaricación en la Consejería de Educación y Cultura”, ha denunciado Montejo.
El propio interesado interpuso un recurso contra esta adjudicación, pidiendo la suspensión cautelar de la adjudicación al alegar que dicha empresa no cuenta en su objeto con este tipo de actividades. Es más, “la propia empresa reconoció que la única experiencia que tenían de algo parecido a toponimia fue un recuento de contenedores de basura en Cangas del Narcea”, ha criticado la representante de Podemos Asturies. En ese sentido, ha interpelado al Consejero de Educación: “Dígame usted, que también es Filólogo, qué relación existe entre contar contenedores y hacer estudios toponímicos”.
Montejo, que califica estos hechos como “muy graves, ya que se podría tratar de un caso de prácticas ilegales para favorecer a empresas amigas”, denunció que “por si fuera poco, mantuvieron una reunión con los máximos responsables de la Dirección General de Política Lingüística y la solución que les dieron fue ofrecerles ‘trabajos compensatorios’ con la Consejería a cambio de que no denunciaran las irregularidades, avisándoles de que si seguían adelante no volverían a trabajar”.
Desde Podemos Asturies exigimos que se clarifiquen los motivos para cambiar los criterios de contratación una vez que el proceso ya estaba en marcha y que se paralice de forma cautelar la adjudicación a dicha empresa. Igualmente, exigimos “que se tengan en cuenta cuestiones como el valor científico de los informes en las cláusulas de adjudicación de los contratos, y no únicamente el precio más bajo, lo cual no sólo dificulta la participación de los verdaderos especialistas en los procesos de adjudicación públicos, sino que fomenta su precarización al verse obligados a trabajar para empresas de forma subsidiaria por menos de la mitad del importe en que la Consejería tasa su trabajo”.
Aunque el Consejero ha negado cualquier tipo de irregularidad, fuentes de la Consejería nos han informado de que se ha iniciado una investigación interna al respecto del caso, extremo al que ha preferido no responder Genaro Alonso al ser interpelado sobre ello por la diputada de Podemos Asturies.
