La plataforma “Salvemos la Vega” ha convocado esta mañana una exitosa manifestación en la que han concurrido, junto a la ciudadanía, los líderes y representantes de Podemos Asturies, Somos Uviéo y la candidata municipal Belén Suárez Prieto para exigir que se pare la firma del convenio

Representantes y militancia de Podemos Asturies y Somos Uviéu han acudido esta mañana a la manifestación convocada por la plataforma Salvemos la Vega frente al palacio de presidencia en Oviedo. Junto al portavoz parlamentario y diputado de la agrupación morada, Rafa Palacios, y la portavoz de Somos Uviéu, Ana Taboada, a la convocatoria también han asistido la candidata a la alcaldía que encabeza la lista municipal y progresista -aún sin nombre-, Belén Suárez Prieto, así como otras personalidades de la política asturiana de otras agrupaciones.

La candidata a la alcaldía, Belén Suárez Prieto, cuestionó la actitud del Presidente, Adrián Barbón, por participar en el protocolo firmado por el Ayuntamiento de Oviedo, el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Defensa para dotar de usos a los terrenos de la antigua fábrica de armas de la Vega. Según la candidata, aunque la presión popular ha logrado que hayan retirado algunos elementos de ese protocolo, como la torre o el derribo de los chalets, “seguimos sin poder estar de acuerdo con que se rompa la unidad del conjunto permitiendo el paso de una vía entre las naves y seguimos exigiendo que no se defiendan los intereses especulativos”. Asimismo, Suárez Prieto ha sostenido que la ciudadanía reclama “que se hagan las catas arqueológicas apropiadamente” y espera que el convenio no se firme antes del 28 de mayo.

Igual de crítica con Barbón y Canteli se ha mostr la adoportavoz de Somos Uviéu, Ana Taboada, de quienes ha dicho que “se deben sentar a dialogar con la ciudadanía y la plataforma “Salvemos la Vega” para entender que rechazamos este convenio y que queremos un futuro para la Vega”. En palabras de Taboada, “es antidemocrático que se tome una decisión de este calado contra la que están colectivos vecinales, asociaciones, profesionales, expertos y la propia ciudadanía, a estas alturas de la legislatura”. Asimismo, ha zanjado que la decisión “se debe paralizar”.