El caso de la apropiación de la Mezquita de Córdoba por el módico precio de 30 euros no es más que el caso más sonado de las miles de iglesias, casas, fincas y arboledas, entre otros, que han sido inmatriculadas en todo el Estado a nombre de la Iglesia Católica desde 1998, año de la reforma de la Ley Hipotecaria bajo el Gobierno de José María Aznar. A la equiparación del obispo con un fedatario público emanada de la regulación franquista aún vigente, se sumó entonces un cambio procedimental que permitía el registro de todo tipo de bienes a nombre de la Iglesia sin más requisito que un escrito del Obispo correspondiente.
En ese sentido, la diputada Lucía Montejo recuerda que “según recogen diversas fuentes, la Iglesia Católica se habría apropiado de más de 4.500 bienes a lo largo y ancho de todo el Estado, principalmente inmuebles, fincas y arboledas, entre otros.”
La respuesta por parte de los organismos europeos al expolio masivo de bienes por parte de la Iglesia Católica en España es contundente: así, el Tribunal europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español al pago de 615.000 euros por permitir la inmatriculación de una iglesia cisterciense en Palencia. “Se trata de una sentencia histórica que crea jurisprudencia sobre una reivindicación que diversas organizaciones civiles han puesto encima de la mesa en numerosas ocasiones durante los últimos años”, afirma la diputada.
A pesar de las recientes declaraciones del Gobierno Central relativas a la posible elaboración de un censo de propiedades inmatriculadas, la valoración económica y patrimonial es todavía incalculable “debido tanto a la opacidad de la Iglesia Católica en lo que se refiere a su patrimonio como al veto sistemático de acceso a dicha información por parte de los Gobiernos del Partido Popular”, denuncia.
Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos Asturies ha presentado para su debate en el Parlamento asturiano una Proposición No de Ley con el objetivo de que la Junta General inste al Consejo de Gobierno a solicitar al Decanato de los Registradores de la Propiedad del Principado los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, para que dé traslado también de dicha petición al Ministerio de Justicia, así como para dar inicio a las acciones legales y jurídicas pertinentes orientadas a la recuperación de todos los bienes cuya titularidad corresponda o pudiera corresponder al Principado.
