España es el país del mundo en el que hay más artistas con condenas privativas de libertad, según el informe “The state of artistic freedom”, publicado en 2019 por la organización internacional independiente Freemuse. Este dato, por sí solo, ya debería llamar a una reflexión acerca de la erosión de las libertades democráticas en España, recientemente reiteradas con motivo de la condena del rapero Pablo Hasél. El propio Ministerio de Justicia ha manifestado que estudiará que los delitos relacionados con la libertad de expresión dejen de tener penas de cárcel, de manera que solo se castiguen conductas que supongan un riesgo claro para el orden público o que inciten a la conducta violenta.

Mientras tanto, en España seguimos asistiendo al triste espectáculo de que organizaciones como Hazte Oír pueden difundir sus mensajes de odio contra las mujeres o los menores trans mediante autobuses que recorren el país con total impunidad, o sectores del ejército piden fusilar a 26 millones de españoles, pero las redes sociales se han convertido en un terreno en el que resulta peligroso expresarse. Hay que recordar que gran parte de la inseguridad jurídica que afronta la ciudadanía tiene que ver con la aprobación de la “Ley Mordaza” por parte del PP en 2015; desde su implantación, se han aplicado más de un millón de multas por un montante que supera los 563 millones de euros.

Por todo ello, desde Podemos Asturies lamentamos la condena dictada contra un ciudadano avilesino por comentarios vertidos en Facebook; la libertad de expresión es un derecho que debe imperar frente a cualquier otra consideración, y parece injusto que este ciudadano afronte una pena de cárcel mientras que quedan impunes todo tipo de declaraciones machistas, xenófobas y tránsfobas, emitidas, en este caso, desde medios de comunicación y partidos políticos. Queremos alertar del incremento producido en los últimos años de las condenas judiciales contra activistas de izquierdas por comentarios realizados en redes sociales (Facebook o Twitter); es decir, leyes que debían de proteger a las minorías frente a los discursos de odio, se utilizan en muchas ocasiones para amordazar a las personas de una orientación ideológica, mientras quedan impunes los delitos de los sectores más reaccionarios. De hecho, pocos días después de procesar a Pablo Hasél la Fiscalía ha descartado imputar delito a los exaltos mandos del Ejército por sus comentarios pidiendo el fusilamiento de la mitad del país. Tal parece que las sucesivas condenas relacionadas con comentarios en redes o con manifestaciones artísticas persiguen amedrentar a las personas críticas de modo que se autocensuren para no ponerse en riesgo. Por todo ello, el gobierno central debe modificar de inmediato los delitos relativos a la libertad de expresión, derogar la ley mordaza y eliminar los delitos de injurias a la corona.