Lorena Gil reclama que «hasta el último euro de dinero público se gaste en empresas que garantizan los derechos laborales»

A pesar de los votos en contra del Partido Popular y Foro Asturias, la Junta General ha aprobado la Proposición No de Ley sobre aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, expuesta y defendida por la diputada Lorena Gil. La proposición no de ley reclama que todos los órganos de contratación incluyan «aspectos sociales y de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en los criterios cualitativos fijados para evaluar la mejor relación calidad-precio. Se señalarán medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, clasificación personal, promoción, permanencia, formación, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada, así como aquellas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral».

La parlamentaria de la formación morada ha recalcado que «para lograr una contratación pública transparente, eficiente, que permita el acceso a un mayor número de licitadores, incluyendo nuevas empresas, blindada frente a la corrupción y que apueste por el gasto responsable y basado en criterios éticos es necesario un adecuado desarrollo normativo que concrete y unifique en Asturias los criterios aplicables en la Ley de Contratos del Sector Público», una normativa estatal que entró en vigor en marzo. Ha recordado que «el volumen de gasto de las Administraciones en España supone un 20% del PIB, según el Observatorio de Contratación Pública».

«Las cláusulas sociales son garantía de un empleo de calidad», ha asegurado Lorena Gil, que reclama políticas de protección en la contratación por parte del Principado para que «hasta el último euro del dinero público se gaste en empresas que garanticen los derechos laborales» tal y como expuso la diputada, junto al también diputado Enrique López, en la rueda de prensa que presentaba esta iniciativa. Asimismo, que los bienes o servicios objeto del contrato «hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes en España y la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo». Y también, «siempre que las características del contrato lo permitan, incorporar cláusulas sociales en materia de promoción del empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, en particular aquellas con diversidad funcional o en riesgo o situación de exclusión social».