Hemos solicitado al Gobierno la relación desglosada por categorías de las plantillas de todas las Empresas públicas y de todos los Organismos y Entes Públicos sujetos al régimen de contabilidad privada dependientes de los Presupuestos Generales del Principáu d’Asturies.

Podemos Asturies ha realizado una solicitud de información al Gobierno asturiano para que aporte, a la mayor brevedad, la relación desglosada por categorías de las plantillas, incluyendo fecha de contratación y forma de provisión de cada puesto, de cada uno de los Organismos y Entes Públicos sujetos al régimen de contabilidad privada dependientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y de todas las Empresas Públicas dependientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. Paradójicamente, a día de hoy desconocemos cuál es la plantilla total de los Organismos y Entes Públicos sujetos al régimen de contabilidad privada y de las Empresas Públicas dependientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Esas plantillas no se hacen públicas y, por lo tanto, es un misterio cuántos y quiénes componen por ejemplo las 12 entidades y fundaciones sometidas a régimen de contabilidad privada y las 17 empresas públicas que dependen totalmente de los presupuestos asturianos (con participación del 100% de la Administración autonómica). Esta falta de transparencia no es de recibo cuando hablamos de empresas, entidades y fundaciones sostenidas con fondos públicos.

En este sentido, nos sorprende que Barbón haya dividido las competencias de sector público en dos consejerías. Por un lado, el vicepresidente Juan Cofiño asume oficialmente “sector público”, pero sin embargo Hacienda asume las competencias de las empresas y fundaciones públicas. ¿Eso significa que se va a aumentar el control de esas entidades o que por el contrario se quiere reformar el sector público sin tocar precisamente los entes donde más recursos se despilfarran de la administración y mayores duplicidades hay? ¿Se puede hablar de eliminar duplicidades sin suprimir Gispasa y que se asuma dentro de la Consejería de Salud y del SESPA? ¿Se puede hablar de sector público sin considerar decenas de empresas públicas y fundaciones que llevan a cabo una función redundante dentro de la administración? ¿Se puede decir que tenemos 37.000 trabajadores y que son muchos, cuando hay miles de trabajadores de entidades, empresas públicas y fundaciones que en muchos casos han sido elegidos sin seguir criterios de igualdad, mérito y capacidad, y que están fuera de ese cómputo? ¿No sería más eficiente que, de cara a la reforma del sector público asturiano, todas aquellas funciones delegadas en entes y empresas cuya función es de meros intermediarios entre la ciudadanía y la administración pública deberían retornar a la gestión directa por la administración asturiana al objeto de buscar una mayor eficiencia de los recursos públicos y ofrecer mejores garantías en la prestación de servicios públicos?

La reforma de la función pública debe comenzar por entender la magnitud del sector público paralelo, por reconocer cuántos cientos de personas ostentan un cargo de libre designación o reciben complementos discrecionales por parte del Gobierno. No se puede mirar para otro lado cuando se ponen sobre la mesa las carencias, la mala gestión y la ineficiencia de un sector público paralelo creado en los años del grandonismo político y que ahora atenaza la calidad de nuestro sector público, por lo que requiere una evaluación ente por ente que permita reforzar nuestros servicios.