La diputada reclama «una evaluación ambiental, social y económica de las consecuencias de los fuegos sobre la población afectada»

En relación con la oleada de fuegos que está sufriendo Asturies estos días, Paula Valero ha señalado que «la actual Política Agraria Común (PAC) y la Ley de Montes que se aprobó en Asturies no han favorecido en nada la lucha contra los incendios y, es más, el panorama se complicó desde su aprobación». La diputada responsable de mundo rural del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies, que planteará al Gobierno asturiano una interpelación sobre la recuperación de daños de los incendios, ha añadido que, «por otra parte, las ayudas de la PAC son por superficies históricas, lo que podría incitar a apoyarse en el fuego para mantener estas superficies en forma de pastizales».

La parlamentaria de la formación morada recuerda que «hace dos semanas advertimos de lo que se nos venía encima en materia de incendios forestales en estas fechas en que aparecen los vientos del sur. Entonces hablamos de actuaciones en materia de prevención, y no es que fuéramos adivinos. El resultado es que, hasta ayer, en unas semanas se habían producido 190 incendios forestales». Por ello, considera, alguien debería «asumir una responsabilidad política, porque no ha habido nada nuevo en materia de gestión forestal, ni de prevención, ni en materia legislativa, contra los incendios forestales. Por el contrario, tenemos una ley que permite el uso de los terrenos para pastos tras los fuegos, ya que no está penalizada la falta de cumplimiento de las normas de acotamiento y por tanto supone su inexistencia de facto, aunque quede escrito en el BOPA».

Paula Valero advierte de que «el nuevo decreto de quemas no está funcionando, como vemos cuando la mayor parte de los incendios forestales afectan mayoritariamente a zonas con matorrales buscando una vocación de pastizal». Y deja claro que provocar fuegos «es un delito que debe ser perseguido, debe intensificarse la investigación para que recaiga todo el peso de la ley sobre las personas que incendian los montes». En su opinión, «es imprescindible que se lleve a cabo una evaluación ambiental, social y económica de las consecuencias de los incendios sobre la población afectada, sobre la vida y el trabajo en los pueblos rodeados de terrenos incendiados, y las consecuencias en gastos de reparación de taludes y, en general, en infraestructuras, bienes públicos y privados afectados». Todo ello, concluye la diputada, porque «muchas actividades profesionales quedan irremediablemente dañadas o impedidas. Las consecuencias de estos incendios se ven muchas veces ‘flexibilizadas’ por la cultura del fuego, pero desde Podemos Asturies insistimos en que no vamos a permitir políticas que favorezcan los incendios forestales».