La Junta General ha aprobado este viernes, con los votos a favor de todos los grupos a excepción del PSOE, una moción de la diputada de Podemos Asturies Paula Valero con el objetivo de solucionar la situación laboral del Servicio Público de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

De esta manera, la Junta General insta al Consejo de Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, un estudio que valore la eficacia de la actual organización laboral del SEPA en el que participe la representación de los trabajadores a través del comité de empresa; a publicar las horas extraordinarias que se realizan en función del carácter de las mismas y del grupo laboral a las que corresponden; a integrar a los auxiliares de bomberos especialistas y a los bomberos conductores en la misma categoría profesional; y a unificar horarios para todos los trabajadores del Área de Intervención.

“Esperamos que el Gobierno cumpla con su palabra. En diciembre de 2017, en las comparecencias del consejero y del gerente del SEPA acerca del encargo del estudio que valoraría la eficacia de organización laboral del SEPA, nos confirmaron que ese estudio ya estaba solicitado a Hacienda. Urge tener esa valoración. Hay algo hay que nadie pone en duda y es que este organismo público sufre de graves deficiencias de organización laboral que además están creando un mal ambiente entre sus trabajadores, algo que pone en peligro al propio servicio”, ha afirmado la diputada.

Asimismo, Valero ha calificado de “rocambolescas las vueltas que viene dando el Gobierno para mantener las dos categorías de bomberos, los auxiliares de bomberos especialistas y los bomberos conductores” y ha insistido en que “no se puede trabajar a ritmo de denuncias. El Gobierno debe controlar sus fallos y no esperar a que los trabajadores lleven a los tribunales las irregularidades. Ambos están haciendo exactamente el mismo trabajo pero con categorías profesionales diferentes, una situación que se mantiene a pesar de las diferentes sentencias”.

Cabe recordar, además, que en el SEPA se repiten de forma coincidente varios apellidos de familias socialistas, mientras que muchos de los procesos de adjudicación de las plazas están en entredicho . Así, ha recordado la parlamentaria, “acaba de ser destituido el jefe de intervención, un cargo de libre designación que llevaba 14 años mal adjudicados sin que nadie asumiera responsabilidades en ello. Solo tras las presiones sindicales se actuó sobre esta irregularidad. Nos parece muy preocupante la dejadez de la gerencia del SEPA sobre los errores de su propio funcionamiento”.

Por su parte, Manuel Sordo, miembro del comité de empresa del SEPA, ha afirmado que “este Gobierno no cumple. A partir del ingreso del nuevo gerente en junio de 2016, la situación del SEPA se ha visto empeorada. Seguimos exigiendo una reorganización estructural completa del servicio. Aunque teníamos la promesa de la nueva directora de que iba a hacerse un estudio, a día de hoy no tenemos ninguna respuesta, seguimos con lo de siempre. Llevamos años con falsas promesas y esta es otra más”. Sordo ha exigido al gerente y a la directora “que se sienten a negociar de una vez por todas con el comité de empresa” y ha criticado que “Guillermo Martínez viene a la cámara y miente”.