Durante las últimas semanas hemos realizado esfuerzos extraordinarios para luchar contra el coronavirus. Confinamiento domiciliario. Paralización de la actividad económica no esencial. Medidas exigentes, sí, pero necesarias. Cada día de anticipación en llevarlas a cabo ha sido tiempo ganado al virus. Vidas salvadas. Los retrasos en la adopción de decisiones en países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos tendrán, desgraciadamente, consecuencias, afectando a la población más vulnerable, nuestros mayores, de una Europa envejecida. El sistema sanitario asturiano, por su parte, ha estado a la altura y comenzamos a salir de la peor fase, con una reducción de la curva de contagios y de la ocupación de las UCIs. Nunca agradeceremos bastante el esfuerzo de nuestros sanitarios y sanitarias asturianas.

Si estamos haciendo todos estos sacrificios para salvar vidas, tendríamos que analizar dónde estamos fallando. Antes de que sea tarde. Y, si revisamos los datos, la respuesta es más que clara. A 11 de abril, la mitad de los fallecidos por COVID-19 en Asturias (73 de los 140, once en las últimas 24 horas) se han producido en residencias para personas mayores. En su mayoría, dentro de la red pública de residencias del ERA, aunque los datos de la última semana en residencias privadas y concertadas -muchas plazas bajo tutela pública-, muestran un dramático incremento de contagios y fallecimientos. La crisis en Asturies no está en las UCIs, sino en las residencias.

Las residencias para nuestros y nuestras mayores son un punto crítico por tres factores. El primero, sus residentes son el colectivo de mayor riesgo de fallecimiento por Covid-19. La tasa de mortalidad para mayores de 80 años alcanza el 18%, mientras que los mayores de 60 años, en conjunto, sufren el 95% de las muertes. El segundo, tenemos un modelo residencial donde la aglomeración de personas mayores y baja ratio de trabajadoras por residente dificulta el cuidado personalizado y favorece los contagios. El pasado enero, los sindicatos del ERA se movilizaban por los recortes de personal y de medios para desarrollar su trabajo; no en vano nuestra administración gasta casi 200 euros menos por dependiente que la media estatal. Debemos, por tanto, agradecer el compromiso de nuestras trabajadoras en las residencias asturianas, arriesgando sus vidas en condiciones que no son las adecuadas. El tercer factor es decisivo. Cuando se descubre un caso de Covid-19 en una residencia, las medidas que se están tomando son insuficientes: no se están aislando a los residentes contagiados -que muchas veces tampoco son atendidos por personal específico-, hay carencia todavía a día de hoy de adecuados equipos de protección y no se realizan tests a todos los residentes y profesionales con o sin síntomas.

Este último apunte es la clave: en muchos centros, durante semanas, las pruebas sólo se han realizado a residentes con síntomas (excepto en casos donde se medicalizaba una residencia al descubrirse focos de contagios masivos). Sin embargo, la investigación científica señala que existe un alto porcentaje de asintomáticos que contagian el virus, al menos el 20%, según el estudio del Diamond Princess, que reproduce la revista Nature y que recuerdan numerosas voces científicas en nuestro país. Imagínense: una persona en una residencia para mayores ha dado positivo. Decenas de residentes y profesionales han tenido contacto directo o indirecto con esa persona. Algunas desarrollarán síntomas, otras no. Pero quienes no desarrollen síntomas -y sean portadores del COVID-19- van a seguir relacionándose con otros residentes y contagiándoles. Una de cada cinco personas de los nuevos contagiados fallecerán a causa del COVID-19. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha advertido recientemente que un importante número de ancianos positivos por COVID-19 cuentan con síntomas atípicos, sin fiebre ni síntomas respiratorios, por lo que la única garantía para evitar un infradiagnóstico son los tests. Por lo tanto, si tras el primer contagio no se han realizado tests a todos los residentes y profesionales, ni se ha aislado adecuadamente a los positivos, las personas asintomáticas diseminan los contagios convirtiendo ese positivo inicial en decenas de ellos.

La situación en las residencias no es la única crisis sanitaria. Asturies, según el Observatorio de la Dependencia, suspende en cuidados destinados a grandes dependientes (población diana del coronavirus) y en personas dependientes con derecho reconocido a la espera de recibir la prestación, esto es: desatendidas. Las residencias para mayores asturianas suponen sólo la punta visible del iceberg. Este fin de semana, por ejemplo, trabajadoras de ayuda a domicilio en Oviedo han señalado que ni las empresas concesionarias de esos servicios ni la administración les han proporcionado equipos de protección y que los están buscando ellas por su cuenta. No es el único caso. Y miles de mayores asturianos se encuentran solos en su casa, desatendidos, y sin ninguna prestación pública.

El coronavirus no entiende de ideologías y todos debemos aportar en positivo. De las más de 140 propuestas remitidas en el último mes por Podemos Asturies al gobierno para afrontar esta emergencia, varias de ellas ahora son ya una realidad. En relación a las residencias también se ha ido progresando, pero los avances, a día de hoy, son claramente insuficientes y necesitamos ir mucho más allá en la contención del virus.

Podemos Asturies hemos sido claros en nuestras prioridades en esta crisis sanitaria en las residencias. Ya los días 12 y 13 de marzo advertimos al gobierno de la complicada situación de estos centros, pero también de los servicios de ayuda a domicilio (SAD). El 15 de marzo exigíamos protocolos claros para las residencias y el SAD (cientos de trabajadoras de este servicio siguen sin equipos adecuados y carecemos de información clara sobre el número de contagios e incluso de personas desatendidas). El 17 de marzo, cuando los datos oficiales hablaban de apenas dos contagios en residencias asturianas, alertábamos de que la cifra era muy superior. El 19 de marzo mientras aún se estaba manteniendo la práctica, por las direcciones de algunos centros, de mantener a las personas usuarias mayores en las zonas comunes de algunas residencias (la descentralización de la toma de decisiones en múltiples direcciones de centros también dificulta abordar esta pandemia), en sendos documentos remitidos al presidente -accesibles en nuestra página web-, planteábamos que en todas las residencias públicas y privadas: “las personas sintomáticas [residentes y trabajadores] deberían realizar tests de inmediato y todas las personas del ERA con contactos estrechos aunque no sean sintomáticas. A continuación, en todos los centros donde haya uno o más positivos, tests a todos los profesionales y residentes [con o sin síntomas]. Finalmente, debe aislarse a los residentes positivos, no en la misma residencia, sino en un espacio habilitado al efecto, con personal específico para ellos. El personal que trabaja con los positivos no puede ser el mismo que el que trabaja con el resto de residentes”.

El 21 de marzo íbamos un paso más allá y planteamos que debía “aprobarse la realización de tests a todos los residentes y profesionales en los entornos residenciales asturianos y tests a todas las trabajadoras de ayuda a domicilio y al personal dependiente que atendían”, dado el riesgo de que muchos positivos aún no hubieran sido detectados, comenzando obviamente por los centros donde existieran positivos. Esta demanda de tests a asintomáticos de residencias públicas y privadas se repitió en dos nuevos documentos enviados al gobierno. El 26 de marzo se requirieron “Tests inmediatos, con los medios que existen actualmente, a trabajadores y residentes de ayuda a domicilio y residencias YA, considerándolos en materia de equipos de protección como personal sanitario esencial”, mientras que el 28 de marzo se plantearon diversas propuestas para aumentar la capacidad de realización de tests. Durante las siguientes semanas se han mantenido comunicaciones sobre estas cuestiones.

Es justo reconocer que ha habido avances, pero tenemos que ir más allá. La situación en las residencias asturianas es grave y, a día de hoy, hay pacientes con COVID-19 que aún no están adecuadamente aislados (así lo ha señalado la patronal AARTE, que cuenta con 58 centros asociados), no se están realizando tests a asintomáticos en muchas residencias y siguen faltando equipos de protección individual (la garantía básica de seguridad para profesionales) en algunos centros, poniendo en riesgo la salud de trabajadoras, llegando a la posibilidad de afectar también a las familias de éstas. Idénticos problemas encontramos en los servicios de ayuda a domicilio. Incluso la información pública sobre el impacto del coronavirus en residencias privadas y concertadas, dos tercios del total de plazas, no llegó hasta este viernes, tras alegar durante días la consejería “problemas con la protección de datos”. Necesitamos información y acciones inmediatas, como ha requerido la OMS. Las medidas necesarias van en sintonía con las que proponíamos hace 24 días: tests, aislamiento y equipos de protección. Son necesarias acciones como la habilitación urgente de nuevos laboratorios para realizar tests, pero también de espacios de aislamiento para contagiados no graves en los centros de carácter hospitalario que ya existen o en los que se han puesto en marcha recientemente, como el recinto ferial Luis Adaro. Es nuestra obligación acabar con los efectos del coronavirus haciendo todo lo posible por proteger a nuestros mayores. Y está en nuestra mano hacerlo. No tenemos ni un minuto más que perder.