La diputada defenderá en el pleno una proposición no de ley para reclamarle al Estado que clarifique la situación del templo llanisco
«Reivindicamos la titularidad pública de este bien, y vamos a seguir haciéndolo», aseguró esta mañana Lucía Montejo en una rueda de prensa en la Junta General del Principado para presentar una proposición no de ley que el Grupo Parlamentario de Podemos Asturies llevará al pleno con vistas a «que el Estado pueda abrir las diligencias o las acciones reivindicativas oportunas para clarificar la titularidad de San Antolín de Bedón como un bien público».
La parlamentaria señaló que el templo románico llanisco «es un bien público, propiedad del Estado, tal y como demuestra toda la documentación histórica que obra en nuestro poder y en las administraciones, tanto de la comunidad autónoma como del Estado. La base sería el Boletín de Crédito Público de 1822, donde aparece recogido como uno de los bienes desamortizados alrededor de 1820, con motivo del trienio liberal. Toda la casería era propiedad del Estado». También, añadió, «el acta de compraventa de 1870, depositada en el Registro de la Propiedad de Llanes, en la que se hace alusión específica a que los propietarios, ya privados, compraban toda la casería a excepción de la iglesia, que es del Estado».
Lucía Montejo aseguró que «desde entonces no ha habido ningún movimiento o cambio registral para decir que no es público. Por este motivo, a Podemos Asturies le resulta muy sorprendente que el Estado diga que no es el propietario, cuando la propia Abogacía del Estado realizó una serie de informes jurídicos profundos en los que sistemáticamente hizo alusión a que este bien es de propiedad estatal». Aclaró que, «a pesar de que todos los indicios jurídicos señalan claramente que San Antolín de Bedón es público y su titularidad es estatal, el propio Estado dijo en 1996, por un defecto de forma, que no lo es, y las consecuencias son las que ahora tenemos encima de la mesa, con un riesgo grave de pérdida de un bien clave para el patrimonio asturiano».
En 1996, detalló, «se abrió un expediente en el que hemos detectado una serie de irregularidades. En primer lugar, debería haber sido un expediente de investigación patrimonial, y no fue así. Se denominó, no se sabe por qué motivo, de defensa patrimonial». Ello implica repercusiones importantes, «puesto que mediante la nulidad de este expediente encontraríamos la forma para clarificar la problemática sobre San Antolín de Bedón. El Estado alude, sin embargo, a que no tiene antecedentes de que sea un bien estatal, obviando tanto el Boletín de Crédito Público como el acta de compraventa, y sin embargo dice que consta en el inventario general de patrimonio del Estado. Y en 1996 ordenó que se desinscribiera del inventario. Es decir, el propio Estado mandó destruir el antecedente que existía de forma fehaciente».
Lucía Montejo opina que esa actuación «es absolutamente incomprensible. Entendemos que en ese momento había intereses encontrados entre personas concretas de la Administración que cometieron una serie de irregularidades, no se sabe por qué motivo. La cuestión es que a día de hoy el Estado se deshace de su responsabilidad». Así las cosas, anuncia que «lo que vamos a pedir en el pleno, y esperamos contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, es que se declare nulo el expediente de 1996, por graves irregularidades».
