El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies ha registrado en la Junta General del Principado una proposición no de ley, para su debate en el pleno, en la que solicita a la Consejería de Educación y Cultura que elabore «con carácter urgente los listados específicos de personas con discapacidad para que se apliquen en todos los cuerpos y especialidades, incluidos los listados y bolsas de interinos». La diputada Lucía Montejo, que ofreció detalles de la misma en una rueda de prensa con Javier Tapia, de la Asociación de Maestros Capacitados, recuerda que «la propia Justicia, por medio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha instado al Gobierno asturiano a llevar a término la medida. Maestros Discapacitados ha presentado varias denuncias judiciales que ha ido ganando».
La diputada de Podemos Asturies presenta una proposición de ley para que se respeten los derechos de contratación de ese profesorado
La parlamentaria de la formación morada apunta que, «además de las sentencias, el propio decreto de 2012 que regula el acceso a la función pública para personas con discapacidad ya establecía que se tienen que reservar un porcentaje de plazas, y que si esas plazas quedaran libres deberían acumularse para la siguiente convocatoria, hasta un máximo del 10%. Pero a día de hoy la propia Consejería que lo dictó no lo está cumpliendo». Se trata, asegura, de una petición «legítima y necesaria. No se entiende que un Gobierno que predica la atención a la diversidad en las aulas sea precisamente el que niega los derechos a las y los docentes con discapacidad y con diversidad funcional. Es incomprensible e intolerable, más aún en un Gobierno socialista que predica la igualdad y la atención a la diversidad como estrategia educativa. Cómo podemos hablar de atención a la diversidad en las aulas si a las personas diversas se las excluye de la función pública».
Así las cosas, «exigimos al consejero que cumpla un compromiso que adquirió públicamente en un pleno, ante una pregunta nuestra, cuando se comprometió a aplicar esta sentencia». La proposición no de ley reclama que se proceda, «en el plazo máximo de un mes, a la elaboración de los listados específicos de personas con discapacidad en todos los cuerpos docentes y todas las especialidades, en listados y bolsas», y que se garantice «el acceso del profesorado con discapacidad a las vacantes y sustituciones en las mismas condiciones que el profesorado del turno libre», así como «la acumulación de los llamamientos de vacantes y sustituciones en las diferentes convocatorias, de forma que al alcanzar el número 14 se proceda al nombramiento de un interino con diversidad funcional, estableciendo que los llamamientos se realicen en función del cupo establecido y de seguido, con la correspondiente adjudicación».
Javier Tapia, por su parte, denunció que «se convocan plazas y no se respeta el porcentaje del 7% que nos corresponde. Tenemos que recurrirlo todo e incluso no nos contestan ni siquiera a los recursos que presentamos. Parece que están jugando con nosotros. Y hay gente que tiene derecho a esas plazas, por discriminación positiva y porque es ley; la primera sentencia está basada, de hecho, en dos artículos de la Constitución». Añade que «somos un colectivo de muy pocas personas y eso es malo y es bueno. Es malo porque pasan de nosotros y es bueno porque lograr una solución sería fácil».
