Sobrecostes en GITPA, silencio y autocomplacencia en el Gobierno asturiano. Así se podría resumir lo que ha acontecido esta semana en torno a la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA). El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que negaba la existencia de presiones por parte del Ejecutivo de la FSA en la trama del cable, guarda un sorprendente silencio antes las evidencias de que se han pagado sobrecostes por un importe superior a los dos millones de euros. La sesión de la comisión de investigación de GITPA celebrada esta semana en la Junta General, y en la que han comparecido responsables de las empresas que realizaron labores de auditoría en la obra de la troncal de cable del occidente asturiano, confirmaba las sospechas del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies.
No ha tenido mucho recorrido la autocomplacencia del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, y del secretario de Organización de la FSA y portavoz del PSOE en dicha comisión de investigación, Jesús Gutiérrez, que celebraban en los medios de comunicación y en la Junta lo que parecía ser un resultado de la auditoría favorable a los intereses del Principado. Este resultado se basa en la generosa y peculiar interpretación que hace la empresa encargada de realizar el informe, porque como ha recordado la diputada Lorena Gil, GITPA pagó 5.448.999 euros por la obra de la troncal cuando, según los resultados de la auditoría llevada a cabo por la empresa Arroyo Norte, la obra apenas costaba 2.800.000 euros, una cifra que se obtiene de descontar del presupuesto de ejecución material los 1,5 millones abonados por la empresa adjudicataria, Comfica, a Feve por derechos de paso y los más de 300.000 euros destinados al cable de 48 fibras que se regaló a la compañía ferroviaria.
Se confirma que en el informe definitivo de auditoría los balances fueron hinchados en más de medio millón de euros. Los 11,2 kilómetros de las minitroncales entre la troncal y las localidades de Vegadeo/A Veiga, Castropol, Figueras, Tapia de Casariego, La Caridad/A Caridá, Navia, Puerto de Vega/Veiga y Luarca/L.luarca fueron computados dos veces, incrementando el balance artificialmente en 116.651 euros. Además, los 54 kilómetros de zanja construidos fueron hinchados en 404.843 euros, al hacer la empresa auditora una interpretación generosa del tipo de zanja utilizada; sin haber podido llevar a cabo las comprobaciones técnicas oportunas, la auditoría atribuye a esos kilómetros un precio incluso más caro que el reclamado por la propia constructora, ya sobredimensionado, según reconoció un empleado en la anterior sesión de comparecencias.
Resulta inaudito el hecho de que la empresa cuya gestión ha ser auditada se involucre en la propia auditoría, incluyendo indicaciones para, por ejemplo, suprimir comentarios sobre medición de calidades, haciendo alegaciones o solicitando rigor en un análisis económico que no era objeto del contrato. Es inexplicable la injerencia llevada a cabo en la labor de auditoría y por ello hemos solicitado formalmente la comparecencia de la directora general de Industria y Telecomunicaciones y del director general de GITPA en la comisión de investigación. Un análisis riguroso y detallado del informe de auditoría pone de manifiesto que la facturación no se corresponde con lo construido. Las mediciones en campo de la auditoría detectan nuevas irregularidades sin refutar ninguna de las ya denunciadas por la Fiscalía.
Podemos Asturies exigirá las responsabilidades políticas pertinentes en una trama que no parece muy lejana de la del ‘caso Marea’ y que, de hecho, comparte nombres que irán apareciendo, así como el modus operandi de dilación judicial y ocultación por parte del Gobierno asturiano, amén de suponer una nueva prueba de ineficacia en la gestión de lo público. Los más de dos millones de euros despilfarrados en esta obra no hacen sino sumarse a los ya cientos o miles de millones de euros perdidos en tramas de corrupción y desvío de fondos que, junto a la pavorosa deuda pública asturiana, devoran los recursos de nuestra comunidad autónoma e impiden la recuperación de su economía.