• El Gobierno no ha impulsado ninguna medida de control de incompatibilidades tras más de seis meses desde la aprobación de la moción de Podemos
• Martínez retrasa la presentación de declaraciones de bienes como la de Rodríguez Bañuelos, director del GITPA entre 2006 y 2012
• El PSOE facilita la tarea de un PP que quiere disfrazarse de Fiscal Anticorrupción a pesar de estar pendiente de pagar un fianza por financiación ilegal
La comparecencia de Guillermo Martínez ante la Comisión de Reglamento de la Xunta Xeneral confirma la escasa colaboración del Gobierno ante cualquier demanda de información sobre posibles irregularidades en la administración asturiana.
GITPA está siendo objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la extensión de la red troncal de cable de occidente, tras encargarse desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturies. A pesar de ello, no saltaron las alarmas de la Consejería al descubrir que Rodríguez Bañuelos, director del GITPA entre 2006 y 2012, no había dado a conocer su declaración de bienes.
El pasado mes de noviembre, la cámara aprobó una moción de Podemos Asturies, con la única oposición del PSOE, que incluía medidas que recordaban la importancia actualizar el régimen de incompatibilidades, primer paso para dejar de engrasar las puertas giratorias en Asturies.
Transcurridos más de seis meses la situación creada no ha hecho más que confirmar lo que nos temíamos que podía suceder: el Gobierno retrasa al máximo la entrega de información relacionada con casos como el de GITPA.
Nos consta que el PSOE sigue sin tomar en cuenta la preocupación que genera, entre la ciudadanía, la estrecha relación entre altos cargos políticos y los consejos de administración de empresas con capacidad de influencia en sectores estratégicos. Basta con recordar que Pedro Sánchez presentó a Josep Borrell como integrante de su equipo de gobierno, que tendrá que compatibilizar su nómina de 300.000 euros en Abengoa con la campaña electoral. Lo hizo delante de una portería de fútbol sin darse cuenta de que estaba encajando un gol en materia de transparencia y buen gobierno. Que no tengan en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía no nos sorprende, pero nos inquieta que ni siquiera cumplan con las iniciativas aprobadas por el Parlamento asturiano.
Guillermo Martínez repite el mismo patrón que en ocasiones anteriores: comienza mirando para otro lado, negando rotundamente la existencia de puertas giratorias y problemas con las declaraciones de altos cargos. A continuación, cuestiona la veracidad de fuentes periodísticas que denunciaban que los mecanismos de control estaban fallando. Finalmente, apuesta por dificultar el acceso a la información y, por último, bloquear cualquier investigación en marcha haciendo como que su Consejería se pone manos a la obra y empieza a investigar. Esta misma secuencia la hemos vivido en el caso Marea, el Musel…
La actitud del Gobierno del PSOE da alas a un PP que juega a ser un Fiscal Anticorrupción, cuando es el primer partido en la historia de España al que se pide una fianza.
El Gobierno es incapaz de ofrecer la información que reclamábamos, una simple relación de los ex altos cargos -y personal eventual que hayan ejercido funciones expresamente calificadas de confianza- que hayan pasado a trabajar en el sector privado durante los cinco años siguientes a abandonar su cargo público. Acompañada esta información, claro está, de las contrataciones, subvenciones o licitaciones de esas empresas privadas con la Administración asturiana. Esta información es clave para conocer el alcance de las puertas giratorias en Asturies.
No sólo no han presentado la ley de Transparencia y Buen Gobierno de la que llevan hablando más de tres años, sino que han paralizado cualquier iniciativa encaminada a garantizar que los empleados públicos se vean protegidos frente a prácticas irregulares, como sucedió con la Ley Anticorrupción de Podemos Asturies.
Desde Podemos Asturies, animamos al Gobierno de Javier Fernández a impulsar las medias de la moción aprobada antes de que sea demasiado tarde, antes de que algún integrante de su Gobierno termine dando explicaciones ante los tribunales: “no sabía nada” no les servirá entonces como respuesta y les aseguramos que el juez o la jueza no consultará su “famoso” portal de transparencia.
