El ex sindicalista José Ángel Fernández Villa y el ex banquero Rodrigo Rato, como «expertos en opacidad», integran la lista de media docena de personas a las que pediremos que comparezcan ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado en la tramitación de la Ley de Cuentas Abiertas de la Administración del Principado. Asimismo, se solicitará que participen en la ronda de comparecencias Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y Sector Público del Principado; Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Impositores y Usuarios de Cajas de Ahorro y Bancos (ADICAE); Fernando Urruticoechea, economista e interventor general del ayuntamiento alicantino de Orihuela, y Francisco Jurado, jurista e investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona. El diputado Enrique López, quien con las parlamentarias Lucía Montejo y Lorena Gil representan al partido en la Comisión de Hacienda, señaló en rueda de prensa que «creemos que todas estas personas, cada una a su nivel y en su medida, pueden contribuir a aclarar algunas dudas e incógnitas que puedan suscitarse respecto a los términos de esta proposición de ley, así como de cuáles son las cuestiones que deberíamos evitar para darle todo el contenido que se pretende». Añadió que en el caso de Fernández Villa, que fue secretario general del SOMA-UGT y parlamentario autonómico socialista durante seis legislaturas, «puede aportar algunas ideas sobre las líneas que se deben seguir para evitar que las cuentas públicas se desvíen».
El pasado 25 de septiembre fue aprobada nuestra proposición de Ley de Cuentas Abiertas para el Principado (se trató, además, de la primera iniciativa aprobada esta legislatura por la Junta, con el respaldo de todos los grupos a excepción del socialista). Lorena Gil considera que «la transparencia de las cuentas públicas es algo indispensable y está unido intrínsecamente a la propia esencia de la democracia». Recordó que «uno de los ejes del documento Agenda para un Diálogo por el Cambio, que presentamos hace unos meses a las demás fuerzas parlamentarias, era la regeneración democrática, incluyendo propuestas de auditoría y transparencia. Nos comprometimos públicamente a convertir la Administración asturiana en una casa con paredes de cristal». En la anterior legislatura se llegó a plantear en la cámara asturiana una ley de transparencia, «que no fue aprobada y que estaba llena de lagunas, según la opinión de los grupos parlamentarios, excepto para el partido que la proponía».
Incidió también en que «debemos ofrecer un modelo de Administración autonómica solvente, transparente y responsable, que enriquezca la confianza de la ciudadanía en el valor de lo público, potenciando la labor social que ejerce esa confianza. No hay democracia sin transparencia, porque es la mejor medicina contra la corrupción».
En esa idea ahondó Enrique López al denunciar que «la Administración asturiana tiene un severo déficit de transparencia y la gestión pública ya no se puede llevar desde el oscurantismo ni desde la ocultación de la información ni de la gestión, ni mucho menos de los dineros». Advirtió de que «la proposición de Ley de Cuentas Abiertas es sólo un primer paso. Hay que avanzar, no podemos ir en contra de lo que exige una sociedad desarrollada y adulta, que es la verdadera propietaria de los servicios públicos».
Puso como ejemplo que «el sector público asturiano vive en la más absoluta opacidad ante la ciudadanía. La consejera de Hacienda y Sector Público alude a la disponibilidad presupuestaria para justificar sus evasivas a la hora de afrontar la obligación que tiene con los empleados y empleadas públicas para abonarles la parte de la paga extraordinaria y debemos fiarnos de su palabra, sin posibilidad de contrastar esa información de la disponibilidad presupuestaria que plantea la consejera». Citó también el caso del consejero de Industria y Turismo, «al que le pedíamos el otro día en una comparecencia las cuentas de la Sociedad Regional de Promoción, porque no hay posibilidad tampoco de contrastar la información que da el Gobierno». Y añadió que «la consejera de Servicios y Derechos Sociales, por poner un tercer ejemplo, habla de la importancia de gestionar los servicios sociales privatizando o externalizando determinados servicios porque según ella supone un ahorro económico y una mejora de la gestión pública. ¿Dónde están las cuentas para demostrar que privatizar es más barato que mantener unos servicios públicos?».
