La diputada señala que «desde el Principado retorcieron el uso del principio de ‘neutralidad tecnológica’ para justificar el desembolso»

Lorena Gil registrará este lunes en el Parlamento asturiano una solicitud de información dirigida al Gobierno asturiano sobre el conflicto entre Telecable y la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicación del Principado de Asturias (Gitpa). La diputada del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies pide la documentación acreditativa de la consulta formulada por Gitpa o la Consejería de Industria, Empleo y Turismo a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en relación con el conflicto planteado por Telecable a Gitpa por la supuesta vulneración del precepto de «neutralidad tecnológica», además de la respuesta de la CNMC, si la hubiera. Reclama, asimismo, la documentación acreditativa de que Telecable haya planteado tal conflicto y la respuesta de Gitpa y los órganos del Principado competentes en la materia.

La parlamentaria quiere conocer también el coste que haya supuesto para Gitpa o la Administración asturiana la incorporación a la red de fibra óptica de los elementos necesarios para prestar los servicios de televisión en radiofrecuencia, la identificación de los expedientes de contratación mediante los que se haya adquirido el equipamiento y una copia de los pliegos de licitación, las ofertas recibidas y los contratos. Por último, información de los costes en que hayan incurrido Gitpa y el Principado desde el inicio de la actividad de la red pública por el alquiler de fibras oscuras necesarias para la prestación del servicio de televisión en radiofrecuencia, copia de los pliegos de licitación, las ofertas recibidas y los contratos.

Lorena Gil recuerda al respecto que «después de meses solicitando el contrato para el uso de la red pública Asturcón por Telecable, Francisco Blanco confirmó tras su dimisión como consejero el trato de favor denunciado por Podemos Asturies en marzo hacia Telecable, que nunca llegó a firmar el contrato para la utilización de la red pública Asturcón; es decir, lleva una década operando sin contrato».

La diputada añade que el Principado invirtió «cerca de dos millones de euros en una infraestructura de la que únicamente se beneficiaría Telecable en su negocio de televisión analógica. Ningún otro operador la necesitaba. Retorcieron el uso del principio de ‘neutralidad tecnológica’ para justificar el desembolso y ponerle una alfombra roja a Telecable, que se ahorraba así tener que modernizar su cabecera».

Así las cosas, «los impagos de la última década se acercan ya a los 400.000 euros, una cifra modesta si la comparamos con los ingresos que la red genera a Telecable, pero nada desdeñable para las arcas públicas, y ello a pesar de que los usuarios a los que llega Telecable gracias a esta red pública le han reportado en la última década al menos cincuenta millones de euros de ingresos». Esa cantidad «deberían ser ingresos del sector público, por los cuales les compete velar al Principado y al consejero de Industria. Nos preguntamos quién desde el Gobierno asturiano decidió perdonárselos a los mismos gestores que han vaciado Telecable».

Lorena Gil manifiesta que «no acaban ahí las ventajas de las que goza la empresa recién adquirida por Euskaltel. Fruto de acuerdos con sus anteriores propietarios, Telecable obtiene un negocio redondo, ya que comercializa la fibra óptica tendida por la red eléctrica de EdP bajo la modalidad de fibra oscura, y ahí Gitpa pasa de ser proveedor de Telecable a cliente. Y lo es por cientos de miles de euros al año, contratando incluso fibras que luego Gitpa dedica precisamente a cubrir las necesidades que Telecable le genera con su tecnología desfasada». Y señala que «el servicio de televisión en radiofrecuencia requiere de más fibras para poder transportar la señal, por lo que Gitpa habría asumido el gasto de instalación de una infraestructura que ofrece a coste cero a Telecable y luego paga por el servicio prestado por esta empresa».