La Junta General aprueba una proposición no de ley en materia de regulación y conservación de los elevadores
La Comisión de Empleo, Industria y Turismo del Parlamento asturiano aprobó una proposición no de ley sobre normativa de seguridad y mantenimiento de ascensores que mejora la regulación y modificación de la normativa aplicable en materia de conservación y reparación. La diputada Lorena Gil, ponente de la iniciativa, destaca que «las empresas deben garantizar la seguridad de las personas usuarias y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector».
Según la Federación Empresarial Española de Ascensores, España se sitúa a la cabeza a nivel mundial en número de ascensores, con casi veinte por cada mil habitantes. En Asturies, según fuentes de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, hay aproximadamente 28.000 aparatos instalados. Desde 2016, una directiva europea obliga a las empresas a instalar ascensores nuevos más seguros, pero la evolución técnica hace necesarios recursos y herramientas que incrementen y garanticen la seguridad de los ya existentes. La parlamentaria de Podemos Asturies destaca que la seguridad debe preservarse «mediante el cumplimiento de las condiciones técnicas de instalación y las periódicas y concienzudas labores de mantenimiento. Este elemento es fundamental y viene exigido por el uso ininterrumpido del ascensor, cuya utilización conlleva riesgos».
Lorena Gil alerta de que en el mercado «se han instaurado las denominadas marcas blancas y microempresas que están generando una caída de precios, dándose contratos de mantenimiento por debajo de los costes laborales o situaciones de dumping». Esta situación, «junto a la falta de protocolos claros en la realización de labores de mantenimiento, está generando que los accidentes laborales y de personas usuarias aumenten y que la vida útil de los aparatos se reduzca, con el consiguiente impacto económico para las personas propietarias».
En la proposición no de ley se pide asegurar un adecuado mantenimiento y reparación de cada aparato elevador para garantizar su seguridad mediante la regulación de la carga máxima de trabajo del personal técnico que la actual normativa suprime. Asimismo, que la Consejería de Empleo, Industria y Turismo lleve a cabo labores inspectoras del trabajo realizado por las empresas conservadoras que incluya, entre otros, controlar cómo se realizan las revisiones y los plazos, el seguimiento del protocolo de mantenimiento y que éste sea realizado por personal cualificado.
