Las quejas de la Universidad de Oviedo en cuanto a la exclusión que las ayudas autonómicas de I+D+i hacen de sus grupos de investigación “tienen toda la legitimidad”, considera la diputada Lorena Gil, “más aún viendo cómo en las sucesivas convocatorias de ayudas se ha ido desplazando su papel como colaborador de las empresas en favor de una limitada red de Centros Tecnológicos en los que para justificar un carácter privado es necesario aumentar la cuantía de financiación que obtienen de forma “competitiva”.
«La Universidad de Oviedo, que debería jugar un papel clave en la política de I+D+i de Asturias, es desplazada en favor de los Centros Tecnológicos»
Esta financiación, en realidad, “tiene de competitiva lo que puede tener una convocatoria a la que acuden los mismos Centros Tecnológicos reiteradamente, convirtiéndose finalmente en un simple reparto amistoso de recursos”, ha manifestado este martes la portavoz en la materia de Podemos Asturies. La tantas veces aclamada “concurrencia competitiva”, cuando se aplica sobre un reducido número de posibles beneficiarios, se convierte en una simple “concurrencia”.
La ausencia de competitividad real en la obtención de ayudas públicas, no sólo afecta a los Centros Tecnológicos, sino también a las empresas solicitantes, que acuden una y otra vez a convocatorias en las que encuentran muy poca competencia. Lorena Gil ha afirmado que “la afirmación de que las ayudas “se conceden siempre a los mismos” tiene más de realismo que de exageración, ya que el propio diseño de las bases que regulan las convocatorias, ni establece mecanismos para evitar la reiteración de solicitantes, ni prioriza los solicitantes que nunca han recibido ayudas”.
Lo denunciábamos desde Podemos Asturies en el Debate de Orientación en la Junta General hace tan sólo unos meses, y recordábamos estos datos de nuevo al Gobierno en las comparecencias sobre el proyecto de presupuestos de 2017. Sólo a modo de ejemplo, en el período 2011-2015, 24 grupos empresariales recibieron un total de 257 ayudas de I+D+i para distintos proyectos por importe de 14,42 millones de €, lo que suponía el 50,3% del total financiado en ese período.
La parlamentaria ha afirmado que “el Gobierno hace dumping desleal invisibilizando a la Universidad en su política de I+D+i” y que “el esfuerzo en este sentido debe estar mucho más distribuido en el tejido empresarial, contando con la colaboración y conocimiento de los grupos de investigación de la Universidad y exigir de los Centros Tecnológicos una participación más cercana al mercado”.
