Andrés Vilanova denuncia que «la sanidad asturiana está ‘untada’ por la industria farmacéutica con decenas de miles de euros cada año»

«Adrián Barbón debería explicar por qué su grupo parlamentario prefiere pactar con el PP una Ley de Salud cobarde e indulgente ante los conflictos de intereses en lugar de una ley valiente con Podemos Asturies que haga frente a lo que consideramos una lacra para el sistema público». Lorena Gil emplazó al dirigente del socialismo asturiano en la rueda de prensa que ofreció esta mañana con el también diputado Andrés Fernández Vilanova para ofrecer detalles de la enmienda del partido morado al proyecto de Ley de Salud. El parlamentario responsable de temas sanitarios alertó de que «la sanidad asturiana está ‘untada’ por la industria farmacéutica con decenas de miles de euros cada año».

La coportavoz parlamentaria y candidata a la Presidencia asturiana expuso que «las situaciones de conflicto de interés deben ser reguladas por ley, deben estar sometidas a la mayor de las transparencias y deben establecerse sanciones en caso de que se incumpla con la transparencia y con la definición de incompatibilidades». Detalló que «en el proyecto de Ley de Salud, el Gobierno del PSOE trata los conflictos de intereses de forma superficial y cobarde, no se atreve a señalar y a investigar a los poderosos que hacen negocio dentro del sistema público y prefiere pactar con el PP una ley conservadora e indulgente. Nosotros presentamos una enmienda que va mucho más allá, que pone bajo foco y control a quienes se están lucrando a costa de la sanidad asturiana».

Lorena Gil reclama en tal sentido «una declaración obligatoria de todos los profesionales de actividades con incidencia en práctica clínica y gasto. Por otro lado, exigimos publicidad obligatoria, en un apartado específico del Portal de Transparencia, de responsables de gestión, de comités, de grupos de trabajo de redacción de protocolos…». Asimismo, ve necesario que haya «publicidad voluntaria de los profesionales rasos y, en caso de que se nieguen a publicarla, debe hacerse público que se niegan a ello. Hablamos también de la creación de un reglamento de incompatibilidades y régimen sancionador para impedir tomar decisiones u ocupar cargos de dirección a quienes tienen conflictos de intereses, y el establecimiento de un sistema de acreditación de buenas prácticas, con procedimientos de inspección periódicos».

Por su parte, Andrés Vilanova se preguntó si «se podría entender que en la Administración alguien que se encargara de adjudicar contratos de carreteras pudiera cobrar 30.000 euros, por ejemplo, de una empresa constructora sin que pasara nada. Pues cosas similares ocurren cada día en la sanidad asturiana sin que nadie se altere». El diputado y médico denunció que «en Asturies la sanidad también se privatiza, no se hace dando las llaves de la sanidad pública a una multinacional, pero se dejan las puertas abiertas para que campen a sus anchas los intereses privados. El Gobierno del PSOE sabe esto y lo consiente, permite que un 1% del personal haga negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica y de productos sanitarios, y en detrimento del sistema público».

Concretó aún más al señalar que «cada año las casas comerciales transfieren decenas de miles de euros a facultativos del Sespa en forma de comidas, viajes e incluso pagos de cantidades abultadas, con el fin de que se prescriba lo que interesa a la industria, y no lo que interesa al sistema sanitario público. Estos privilegios de los que disfrutan algunos profesionales condicionan su práctica clínica y amplían los beneficios de la industria. Y ello supone un impacto en salud, por supuesto, y en el gasto sanitario público». Además, recordó «el trasvase de pacientes desde la sanidad pública a la privada, que ya denunciamos en este Parlamento, sin que se ponga solución a ello desde la Administración. El Gobierno socialista no puede alegar desconocimiento, porque llevamos denunciándolo desde que entramos en la Xunta Xeneral».