Asturies, pese al voto en contra del PSOE, se convierte en la primera comunidad autónoma que apuesta decididamente por las cláusulas sociales en la contratación pública
El Parlamento Asturiano ha aprobado esta mañana, pese al voto en contra del PSOE, una Proposición no de Ley presentada por nuestro grupo parlamentario, mediante la cual, apostamos por una Administración Pública que actúe no sólo como motor económico sino también como motor social. Eso implica la defensa de un papel activo por parte de la Administración Pública a la hora de promocionar comportamientos económicos responsables y sostenibles. Lorena Gil ha defendido la propuesta este viernes durante la sesión plenaria.
Lorena ha destacado en su intervención que la ciudadanía demanda una propuesta como esta “como parte del cambio que necesariamente ha de seguir nuestro modelo económico si queremos que nuestra sociedad progrese y sea sostenible”.
Consideramos que ya es hora de que las empresas que desarrollan buenas prácticas en lo económico, lo social y lo medioambiental vean recompensado su esfuerzo a través de su cuenta de resultados, “para que ser bueno sea rentable”, como ha explicado Lorena Gil.
En la actualidad, la contratación pública es poco eficiente, por ejemplo el IBEX-35, donde están los grupos empresariales que absorben buena parte de esta contratación pública: “32 de esas 35 sociedades operan en paraísos fiscales a través de más de 500 sociedades participadas”. Esto supone, por un lado, que las plusvalías van a esos paraísos fiscales, por lo que no existe una reversión de los fondos públicos y, por otro, que se vulneran los derechos laborales de las personas trabajadoras, no se aplican los mínimos principios de respeto al medioambiente y se emplean proveedores que utilizan mano de obra casi esclava en países donde prácticamente no existen derechos laborales.
La Administración puede usar su volumen de gasto (entre el 16% y el 20% del PIB) para imponer cláusulas sociales a las empresas contratadas u optar por proveedores que cumplan con criterios que generen externalidades positivas como el respeto a los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, los salarios dignos, las políticas de inclusión laboral de determinados colectivos, la ausencia de prácticas de corrupción, la transparencia en la gestión, el cumplimiento de la normativa de crédito comercial con autónomos y pymes, o la consideración de la huella ecológica en todas las actuaciones organizativas y productivas; en definitiva, criterios que van mucho más allá del miope criterio del precio.
Lorena Gil ha recordado en el pleno que ya hay territorios que están aplicando estas medidas, ciudades como Zaragoza, que ya tiene en marcha un Observatorio de la Contratación, o Madrid, que facilitando un mejor acceso a la contratación pública por parte de autónomos y pymes, está consiguiendo ahorros que superan los 300 millones de euros al año en el caso de algún gran contrato de servicios.
En definitiva, se trata de aplicar la Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, que refuerza la legalidad de las cláusulas sociales. Y en este contexto, la diputada ha instado al Gobierno asturiano a “primar a las empresas que se comporten de forma responsable y penalizar en las contrataciones a empresas que generan externalidades negativas en forma de precariedad laboral, abusos con las pymes, dumping fiscal, engaños al consumidor o desprecio por el entorno social y medioambiental del que obtienen sus beneficios”.
Es más, tenemos la oportunidad de convertir Asturies en un modelo de eficiencia y sostenibilidad empresarial, estableciendo una cultura de convivencia y respeto entre personas trabajadoras y empresas. Tenemos, incluso, la posibilidad de actuar como pioneros en la exportación de un modelo ejemplar a otras comunidades autónomas y al resto de la Unión Europea.
