Entre sus reivindicaciones se haya el reconocimiento de los domicilios como centros de trabajo y de las enfermedades profesionales derivadas del desempeño, la edad de jubilación a los 60 años y la remunicipalización de los cuidados.

Rafa Palacios, diputado de Podemos Asturies, mantuvo una reunión esta mañana con representantes de la Plataforma de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio para denunciar y visibilizar la situación que vive el sector y llamar la atención sobre la importancia de los cuidados y de “cuidar a quienes cuidan”.

Palacios llamó la atención sobre la situación de abandono y las condiciones precarias que las trabajadoras del servicio de atención a domicilio (SAD) sufren desde hace más de 30 años, agravadas con la pandemia: contratos temporales, jornadas partidas a tiempo parcial, salarios muy bajos y condiciones laborales que afectan a su salud, riesgos biológicos, psicosociales, musculo esqueléticos, junto con lesiones que no tienen reconocimiento profesional.

Tanto el diputado como Carmen Diego Párano, representante de la Plataforma de Auxiliares del Servicio de Atención a Domicilio, denunciaron la colisión de derechos fundamentales en relación a la inviolabilidad de los domicilios de las personas usuarias a la hora de evaluar y llevar a cabo medidas de protección de riesgos laborales en las condiciones que las trabajadores tienen que desempeñar su labor.

Esta colisión está relacionada directamente con la falta de reconocimiento de los diferentes domicilios donde prestan sus servicios como lugar o centro de trabajo, aunque la legislación así lo reconoce, junto con el derecho a la vida digna, la seguridad e higiene en el trabajo y la igualdad salarial.

Diego denunció también la situación de precariedad y esclavitud laboral que el sector padece, con la existencia de una bolsa de horas que son remuneradas a precio ordinario o descansadas, y que excede con mucho de las 38 horas y media que contempla la jornada completa. También advirtió que priman las jornadas parciales, lo que afecta directamente a la jubilación, favoreciendo la feminización de la pobreza.

En una lectura de género la representante del SAD indicó que la gran mayoría de las 1.800 personas que trabajan en el sector en Asturias son mujeres con cargas monomarentales que malviven cada mes, junto con la carga emocional que supone luchar por el reconocimiento de horas y cotizaciones.

La denuncia también abarca a la exclusión como personal sociosanitario con la consideración de “exposición de bajo riesgo al COVID”, ya que supuestamente no trabajan con personas contagiadas “aunque eso a ojo quién lo sabe”, afirma Diego Párano, y la falta de equipamientos de protección individual adecuados. Incluso que las propias administraciones y autoridades laborales no desempeñan sus competencias, no protegiendo los derechos laborales y de protección en el trabajo del colectivo. “Las administraciones no llegan ni a sancionar a las empresas ni rescinden contratos, sólo esperan a su conclusión”, destaca la trabajadora.

El colectivo también reivindica un coeficiente reductor de la edad de jubilación a los 60 años derivado del desgaste físico y psíquico del desempeño diario de su labor, con gran presencia de fuerza física, y reclaman el reconocimiento de enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo.

Por esta razón solicitan el fin de esta “colisión absurda de derechos, que los domicilios sean considerados lugar de trabajo, permitiendo a administraciones públicas y autoridades laborales ejercer sus funciones de supervisión en materia de evaluación y protección de riesgos laborales, la obligación de las personas usuarias de permitir el acceso al domicilio como condición sine qua non para la prestación del servicio, reconocimiento de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, coeficiente reductor de la edad de jubilación y la remunicipalización del SAD”.

“Hay que proteger el servicio público de salud, que estas trabajadoras sociosanitarias dependan de lo público y poner en el centro la vida de las personas”, concluyó Palacios.