Presentamos una iniciativa parlamentaria para conocer el censo de viviendas titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria en Asturies
El portavoz parlamentario, Rafael Palacios, ha presentado una proposición no de ley para modificar el objeto social de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y convertirla en una herramienta pública que garantice el derecho a la vivienda y dependa del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en esta materia.
Palacios, ha explicado que “la crisis habitacional que atravesamos hace urgente disponer de herramientas públicas con las que combatir la exclusión habitacional y la falta de viviendas adecuadas” y, por lo tanto, “las instituciones deben dotarse de herramientas que les permitan preservar la función social de la vivienda y garantizar que ninguna persona se vea excluida de su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada”.
Por estos motivos hemos registrado una iniciativa parlamentaria en la que, primero, la Xunta Xeneral inste al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno del Estado a:
- Modificar el objeto social de la SAREB para convertir esta sociedad en una herramienta pública que garantice el derecho a la vivienda y dependa del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda.
- Creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más allá de los órganos de control de la sociedad, donde participen los ministerios que tengan competencias en derechos sociales y vivienda.
- La SAREB debe ser transparente y es imprescindible que se conozcan los activos que tiene en propiedad. No puede ser que los inmuebles y suelos pagados con dinero público sigan siendo algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas como es el caso de Transporte (vivienda) o Derechos Sociales.
- La SAREB debe modificar los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos. La banca que tiene la deuda debe pagar por la misma. En 2020 la compañía dejó de ingresar 147 millones de euros.
