A la luz de las nuevas revelaciones en la investigación de los sobrecostes de las obras del puerto de El Musel que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, «la pregunta clave es si el poder político benefició al grupo Masavéu», plantea Daniel Ripa. El diputado autonómico y secretario general de Podemos Asturies, la vicealcaldesa ovetense Ana Taboada y la concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez ofrecieron este mediodía en Uviéu una rueda de prensa para valorar la petición de nuevas imputaciones que ha presentado la Fiscalía en el caso, que cuenta con el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) como acusación popular.

Daniel Ripa mostró «cautela, porque se trata de una petición de la Fiscalía sobre la que debe pronunciarse el juez, pero está claro que el caso sigue adelante». Considera «relevante políticamente» la posible imputación «del señor Ángel Riego. La Fiscalía considera extraño que votase a favor de una resolución del consejo de administración y luego, como alcalde de Carreño, recurriese esa resolución a la que él mismo había dado su aprobación. Y Riego responde mostrando su perplejidad al ser el único miembro del consejo de administración imputado». Lo más destacado, añadió, es que «desde la Fiscalía parece considerarse que podría haber relevancia penal por las decisiones que tomó el consejo de administración. Veremos hasta dónde llega el caso. Nosotros dijimos que veníamos a levantar alfombras y lo estamos haciendo. Precisamente una de las cosas que le reprochamos al presidente Javier Fernández es que no hay voluntad para luchar contra los casos de corrupción».

Por su parte, Ana Taboada, de Somos Oviedo/Uviéu y una de las abogadas de OCAN, manifestó que el informe de la Fiscalía pidiendo más diligencias de prueba «es detallado y muy motivado. Estamos ante una causa muy compleja que afecta a diferentes instituciones y empresas. Estos sobrecostes evidencian una falta de control absoluto por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria en una obra de tal envergadura». La vicealcaldesa ovetense informó de que «los posibles delitos de fraude, malversación de caudales públicos, estafa agravada por razón de la cuantía y falsedad en documento oficial se amplían ahora con otro de posible fraude a la Hacienda Pública, perpetrado presuntamente por los responsables de Tudela Veguín, en connivencia con el gerente de la UTE Dique Torres».

La concejala gijonesa Nuria Rodríguez apuntó que «desde Xixón Sí Puede ya dijimos durante la campaña electoral que sería contradictorio tratar de llegar a un acuerdo con una formación política que había estado inmersa en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Xixón cuando ocurrieron estos hechos. Lo dijimos, lo mantuvimos y lo mantenemos: hay una responsabilidad política en todo esto. Seguimos esperando que las y los representantes de la Federación Socialista Asturiana expliquen cuál fue el verdadero objetivo de esta gran obra, cómo se gestionó, a quién benefició, por qué hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional y por qué el Ministerio Fiscal cada vez ve más indicios de delito».

La Fiscalía ha pedido la imputación del entonces alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Xixón en aquellos tiempos, por conducta contradictoria, con relevancia penal y un posible delito de prevaricación. Asimismo, como resultado de las diligencias practicadas, el Ministerio Fiscal ve la necesidad de ampliar la investigación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de los que serían indiciariamente responsables, y por ello se solicita su citación en calidad de imputados, el apoderado que firma los contratos en representación de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz, y los gerentes de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez e Isidro Alonso Sierra, además de otras personas que hayan ejercido como consejeros delegados o apoderados de la entidad entre los años 2005 y 2010.