Iván G. Fernández

Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBIQ Podemos Asturies exige a Javier Fernández y Pedro Sánchez la aprobación de la normativa que garantice los derechos de las personas trans en todos los niveles

La OMS por fin ha reconocido que las personas trans no son enfermas mentales (hasta ahora eran consideradas personas con un trastorno mental y eran tratadas con arreglo a ello) y, por tanto, no necesitan ser diagnosticadas. Este cambio en el panorama internacional es una de las causas que permite afirmar de una vez por todas que las UTIG (Unidades de Tratamiento de Identidad Género) que hasta ahora regulan todos los aspectos relativos al tránsito de las personas trans (con un éxito cuando menos revisable) deben desaparecer progresivamente. La apuesta de justicia y de igualdad es que la atención sanitaria de las personas trans (con sus específicas necesidades durante el tránsito y o cuando así lo requieran) sea asumida de una vez por todas, tal y como ocurre con cualquier ciudadana o ciudadano, por el Sistema Público de Salud, en todas las autonomías, de forma descentralizada y de proximidad.

Ante esta nueva coyuntura, desde Podemos Asturies consideramos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. En ese sentido no cabe más dilación y por lo tanto el Gobierno asturiano debe asumir su responsabilidad por las consecuencias negativas y discriminatorias que están sufriendo las personas trans en nuestro territorio, en ausencia de una ley integral que garantice sus derechos y libertades. Queremos poner de manifiesto que estas personas día a día tienen que convivir con la violencia, condenadas a la precariedad laboral y vital, con discriminación y transfobia invisibilizada que en muchas ocasiones no pueden enfrentar debido a la falta de recursos para denunciar y acabar con estas situaciones. Por estos motivos estamos plenamente convencidas de que la demora de la aprobación de la Ley trans integral autonómica, que lleva parada meses, es violencia institucional por parte del Ejecutivo asturiano.

Así pues, queremos pedir tanto a la administración autonómica como estatal, ambas dirigidas por el mismo partido político, que asuman sus responsabilidades ante la necesidad de una Ley integral trans autonómica (y estatal). Las instituciones que nos gobiernan no pueden ir por detrás del tránsito de toda la sociedad asturiana que ya estamos viviendo. Necesitamos una Ley integral trans tanto a nivel autonómico como estatal, para que se asuma en cada una de las competencias todo lo necesario para garantizar los derechos de las personas trans: en la sanidad, en la educación, en el empleo, en los servicios sociales, en los centros de la tercera edad, en el régimen de prisiones y, finalmente, en las calles de nuestras ciudades y pueblos para eliminar definitivamente la transfobia.