La guerra de clanes entre UGT y el PSOE va camino de hacer estallar un escándalo similar al de los ERE de Andalucía
Las primeras diligencias del caso se han centrado en las diferencias que existen entre los alquileres que pagaba Localmur -sociedad de UGT- a los propietarios de los locales donde se impartían los cursos, y los gastos que la empresa cargaba a IFES para repercutirlos en las subvenciones.
Precisamente, fue en la sede del IFES donde los diputados de Podemos Asturies Daniel Ripa y Lorena Gil afirmaron que la “autodenuncia” del Gobierno no era más que un intento de desviar la atención, tal y como hizo el PP cuando denunció a Bárcenas. Se trata de un procedimiento dilatorio habitual entre los grandes partidos cuando se enfrentan a casos de corrupción.
Cabe recordar que, cuando Podemos Asturies registró una enmienda parcial en la que instaba al Gobierno a derivar la mitad de los fondos de formación al sector público, este retiró los presupuestos. Ese mismo día, la Fiscalía anunció que investigaba las subvenciones de formación de UGT Asturias. Hace unos días y, precisamente cuando Podemos Asturies solicita información sobre determinados expedientes que podrían resultar relevantes para la investigación de la Fiscalía, el Gobierno de la FSA se presenta como acusación, justo al día siguiente. Está claro que el Gobierno intenta distraer la atención y alterar el curso de la investigación, pero la Fiscalía prosigue con su trabajo, y comienzan a aparecer cantidades sin explicación.
La Fiscalía se pregunta dónde fueron a parar los 400.000 euros que considera desaparecidos. El director del IFES, Andrés de Dios, ha dicho que “no hay mucho que encontrar”. De momento, la Fiscalía ya echa en falta las justificaciones para entre 400 y 500.000 euros invertidos en cursos de formación impartidos por el IFES.
Podemos Asturies ya denunció que el presunto fraude podría haber alimentado sueldos desorbitados de la cúpula de UGT, gastos de lujo y regalos. Al igual que sucede en el ‘caso Villa’ y, como ya dijo Daniel Ripa, “todo el mundo sabía lo que pasaba”. Al final, los trabajadores son las grandes víctimas de los tejemanejes de unos pocos: el 1% vive como jamás podría soñar el 99% restante, tal y como dijo, precisamente, Justo Braga, dirigente de la UGT.
Parece que la “autodenuncia” del Gobierno se trata de un intento más para distraer la atención de la poco disimulada ‘guerra de clanes’ en la que se encuentra inmerso el PSOE asturiano. Está claro que en Asturies existe un enfrentamiento soterrado entre diversas familias del socialismo, una lucha que, tras la debacle electoral del 20-D, está convirtiendo al partido en un auténtico barco a la deriva. Al grito de ‘sálvese quien pueda’, los socialistas de Xixón luchan por controlar la gestora del PSOE, mientras que la FSA y su sindicato luchan por no verse arrastrados por la Fiscalía. Entretanto, la ciudadanía se pregunta cómo es posible que la UGT y el PSOE, que comparten decenas de altos cargos, intenten hacernos creer que no forman parte de la misma estructura, para lo bueno y para lo malo.
Confiamos en que el Gobierno no obstaculice las investigaciones, que no repita la misma actitud obstruccionista que mantuvo en la investigación del ‘caso Villa’ y la desaparición de los fondos mineros y que deje trabajar al poder judicial.
