El masivo seguimiento de la huelga educativa en Asturies, que podría alcanzar el 90%, e incluso el 100% en algunos centros, ratifica el rechazo que la LOMCE del Partido Popular suscita en el conjunto de la comunidad educativa. Este rechazo no hace sino confirmar el desatino de una ley impuesta a golpe de decreto, que nació con los agentes sociales, políticos y educativos en contra, y que diversos Parlamentos autonómicos intentaron paralizar, no así el asturiano, menos incómodo que otros con las medidas del PP. La LOMCE no solo nace de espaldas a cualquier tipo de debate y consenso, sino que consagra un ciclo de recortes en educación y encarecimiento de tasas y matrículas que amenaza con expulsar a muchos estudiantes del sistema público.
Las reválidas son otro ejemplo de lo que el PP pretende para el conjunto de la educación: se despoja al profesorado de recursos y competencias, vulnerando el derecho del alumnado a la evaluación continua, particularizada y contextualizada, dando paso a la privatización de una parte fundamental del proceso educativo como es la evaluación. Así, la LOMCE abre las puertas a las “agencias de calificación” que ya hemos visto actuar en el Madrid de Esperanza Aguirre. Estas “agencias”, al igual que Moody’s o Standard &Poor’s calificaban la deuda de los países según criterios más ideológicos que económicos, favorecen que se beneficien centros educativos que se acomodan al gusto del Partido Popular.
En este sentido, nuestra compañera la diputada Lucía Montejo, ha afirmado que “las reválidas suponen un ataque frontal a la legitimidad de la función docente”, porque “solo el profesorado tiene competencia para llevar a cabo dicha tarea». “En el fondo”, prosigue, “esta reforma persigue un único objetivo: atacar de forma frontal a los fundamentos más básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje, como vía de deterioro económico y social de la educación. Desde el grupo parlamentario de Podemos Asturies exigimos que se garanticen los derechos del alumnado: debe evaluarlos quien conoce los contextos educativos particularizados, no a través de exámenes estándar que etiquetan a los alumnos».
Por otra parte, la diputada ha puesto en duda la capacidad del Partido Socialista de virar esta situación “después de haber visto al PSOE tirarse a los brazos del Partido Popular”, aunque confía “absolutamente” en la presión social y en la fuerza de la comunidad educativa “para conseguir derogar la ley más injusta que ha habido en materia de educación en este país”.
