Cuando superamos los 90.000 parados, solo el 2% de las contrataciones se hacen a través del Servicio Público de Empleo.

La directora del SEPEPA, Luisa Pérez, niega la externalización de ninguna gestión dependiente de la entidad, e incluso se refiere a las agencias privadas de colocación como “entidades colaboradoras sin ánimo de lucro”.


Luisa Pérez asegura que no hay externalizaciones en el Servicio Público de Empleo. Sin embargo, los datos demuestran que la mayoría de los recursos no se destinan a financiar proyectos públicos, sino a entidades externas. En ese sentido, durante su comparecencia de ayer, la directora del SEPEPA hizo apreciaciones que podría haber compartido un agente comercial de Eulen o de la Fade. Esto nos preocupa. Luisa Pérez se muestra incapaz de explicarnos qué porcentaje de los más de 80 millones de euros que recibe la entidad se destinan a empresas privadas y organizaciones empresariales.


Podemos poner un ejemplo, fijándonos en el proyecto de presupuestos: de los capítulos 1, 6 y 7 (referentes a transferencias de capital a entidades locales para fomento del empleo), sólo el 28% estaba destinado a la gestión pública directa, frente al 72% que se externalizaba a través de diferentes programas. Se trata de transferencias a organizaciones que, en muchos casos, han constituido una red clientelar en Asturies. Esto genera dos consecuencias perniciosas: la necesidad de una maraña de administrativos encargados de fiscalizar las subvenciones (lo que no asegura que no exista fraude) y la falta de control de la calidad del empleo creado con esta externalización. El SEPEPA fomenta así la creación de empleo precario.

Luisa Pérez tampoco ha sido capaz de detallar el ratio de orientador laboral por demandante inscrito de empleo, una cifra clave para entender a qué se dedica el SEPEPA. Le ayudamos de nuevo con los datos: 25 orientadores profesionales para 95.000 desempleados, 3.800 personas por cada orientador. O, lo que es lo mismo, 30 minutos al año dedicados a cada desempleado.

Para cubrir la escasez de orientadores laborales, el SEPEPA recurre a financiación externa para contratar a 49 personas que hará funciones de orientación laboral. Sin embargo, Luisa Pérez no ha sido capaz de detallar qué formación específica les van a dar y no ha asegurado que sean orientadores profesionales y que tengan formación y experiencia adecuada. ¿Creen que el SESPA puede contratar veterinarios y convertirlos en cardiólogos? ¿No consideran que los resultados en las operaciones del corazón serán mejores con un cardiólogo que con un veterinario?

Sin esta orientación laboral adecuada los desempleados no tienen apoyo suficiente en el desarrollo de itinerario de carreras y acompañamiento. Y esto influye en los datos de desempleo y la baja tasa de actividad. Como solución a ese déficit de orientadores profesionales, el SEPEPA opta también por externalizar el servicio desde ayuntamientos a sindicatos. Es decir, a un desempleado le llaman del SEPEPA y le envían a realizar la orientación a UGT. En cuanto a los 25 orientadores de profesión en plantilla de la Administración esto es lo que ha hecho Función Pública: los que eran interinos les llevaron a juicio para consolidar sus plazas. Juicio que el SEPEPA perdió. Ante esta situación, en vez de convocar plazas de orientadores, las sacaron a concurso, echaron a los orientadores y colocaron en su lugar a personal administrativo, castigando de paso a quienes ganaron el juicio. Es un clásico del gobierno del PSOE.

Parece que hayan convertido el servicio público de empleo en un nicho de negocio. Hay cuatro centros de formación públicos, pero la formación se la llevan empresas privadas, FADE y UGT. Hay comarcas enteras donde no existe ni un solo centro público de formación para el empleo y, en las ciudades donde existen, la oferta de cursos es muy limitada. Esto genera un círculo vicioso: como hay pocos centros públicos y la dotación es limitada, no se puede cubrir la demanda y, para paliar esta situación, se dedican fondos a centros no públicos. La consecuencia: sigue habiendo pocos centros públicos con poca oferta formativa. En ese sentido no debemos olvidar que existe una denuncia de la Fiscalía por la gestión de esos multimillonarios fondos por parte de UGT. Luisa Pérez ha sido incapaz de hacer autocrítica sobre la evaluación y fiscalización que se llevó a cabo.

Por otro lado, Luisa Pérez afirmaba hace no mucho que el SEPEPA “no se encarga de buscar trabajo”. Si no ayudan a buscar trabajo, ¿a qué se dedican? El SEPEPA solo interviene en el 2% de los puestos de trabajo que se crean en Asturies. Destina 1.900 euros a la patronal y las agencias de colocación por colocar a desempleados.

En Asturies hay 95.000 parados, más 30.000 emigrados desde el inicio de la crisis, principalmente por falta de trabajo, y al menos un 15 o 20% más que ha dejado de inscribirse en la oficina de empleo. Parece que la directora del Servicio Público de Empleo no sabe por qué los desempleados dejan de inscribirse. Es sencillo: porque pierden la esperanza de que el SEPEPA les pueda ayudar. No hay nada más grave. Y tampoco Luisa Pérez explica qué va a hacer para cambiarlo.