El exdirector general de GITPA, Eduardo González Bayod, fue denunciado ante la policía por tres empleados públicos (dos de GITPA y uno de la Administración) por la divulgación de correos electrónicos de estas personas. El exdirector general mostró a altos cargos esos correos, que ni siquiera tenían origen en cuentas de trabajo profesionales. La diputada Lorena Gil considera “muy grave” que la consejería no hiciera nada ante unos hechos que claramente vulneraban toda normativa en la materia.
«El consejero Blanco afirma, a preguntas de Podemos, que los correos enviados a la Junta de forma anónima y filtrados a la prensa, y que ponían de manifiesto presuntas graves irregularidades en la actividad desarrollada por GITPA, son irrecuperables
Por otra parte, hay que recordar que en la Junta General se recibieron múltiples correos electrónicos supuestamente intercambiados entre directores generales, gerentes, asesoría jurídica y proveedores de GITPA, en los que se ponen de manifiesto presuntas graves ilegalidades. Estos correos fueron enviados a la Fiscalía, que a su vez los remitió al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo en noviembre pasado, para su unión a las Diligencias Previas nº 4666/15 en torno a este caso.
¿Qué hizo la consejería esta vez? De nuevo, nada. El consejero Blanco ha dicho hoy en la Junta General a preguntas de Podemos que es un tema personal, que la empresa no tiene el back-up que permite recuperar esos correos…
“De ser verdad, éste nos parece un hecho muy grave. Se nos está diciendo que el correo electrónico profesional de los empleados de GITPA, utilizado para conversaciones relativas a asuntos de esta empresa pública, es considerado por el consejero un tema personal”, subraya la parlamentaria, “y, por lo tanto, no es recuperable”.
Podemos rechaza que el correo electrónico profesional de los empleados de GITPA, utilizado para conversaciones relativas a asuntos de la empresa, sea “personal”, tal y como ha apuntado Blanco
¿Por qué entonces el anterior director general sí pudo acceder a los correos de sus empleados y divulgar su contenido?
Francisco Blanco justificó el cese del anterior director general en la necesidad de dar “un cambio de rumbo” a GITPA. Casi un año después nos seguimos preguntando en qué consiste ese cambio, cuando afirma que cualquier actuación en la empresa pública depende de lo que decidan los Tribunales. No parece tener en cuenta que ya haya sido probada la mala gestión, la falta de control o el uso de procedimientos irregulares.
Independientemente de las decisiones judiciales, y en beneficio de una correcta gestión por parte de una empresa 100% pública, el Gobierno debería depurar responsabilidades, cesar a los responsables de las irregularidades probadas, e impulsar cambios. No podemos compartir que haya que esperar a una sentencia judicial para que el consejero asuma de una vez por todas su responsabilidad.
