El Principado no exigió al comprador el mantenimiento futuro de la actividad ni del empleo en las instalaciones
En relación a la venta de la participación de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) en Talasoponiente, y tras la comparecencia de la presidenta ejecutiva de la SRP, Eva Pando, este martes en la Comisión de Empleo, Podemos Asturies quiere mostrar su preocupación ante lo que considera una doble irresponsabilidad: justificar la opacidad en una operación que da lugar a una grave pérdida de dinero público y, por otro, la ausencia de ambición a la hora de exigir un mantenimiento futuro de la actividad y del empleo en las instalaciones. “Ya no somos socios de Talasoponiente”, afirmaba la presidenta ejecutiva de la SRP esta mañana.
La pérdida de dinero público en este caso se suma a anteriores y numerosas operaciones fallidas en las que participó la SRP aportando capital público a empresas privadas de dudosa gestión, empresas como Alas Aluminium, Sedes, Venturo XXI o Friovivo, varias de ellas implicadas en algunos de los casos de corrupción más graves de nuestra comunidad autónoma, y cuya quiebra finalmente acabaron pagando las y los trabajadores y contribuyentes.
En el caso de Talasoponiente, las respuestas que hoy hemos recibido nos han alarmado. El Gobierno ha justificado que la función de la SRP es la promoción empresarial, previo requisito de viabilidad, y la recuperación en la medida de lo posible de las inversiones de la Sociedad en caso de resultar fallido el proyecto. La diputada Lorena Gil ha reprochado que el Gobierno “vendiera su participación en un proyecto con pérdidas de casi 700.000 euros -y recuperando sólo 300.000- sin ni siquiera conocer el proyecto futuro de la empresa a la que había vendido su participación y sin asumir ningún compromiso de mantenimiento del empleo y de la actividad”.
Además, para la diputada de Podemos Asturies, la responsable de la SRP ha entrado en dos incoherencias en su respuesta, defendiendo, por un lado, la opacidad de unas negociaciones que acaban con una pérdida de casi 700.000 euros de dinero público y, por otro, un precio de venta perjudicial para el Principado, al tiempo que promulga que la empresa va a tener beneficios en el periodo 2018-2022. “Podemos concluir que una vez más nos encontramos con operaciones de venta de participaciones empresariales que generan un agujero en las arcas públicas y regalan a ciertos empresarios inversiones públicas con expectativas de ser rentables”, ha manifestado la parlamentaria.
La representante de Podemos en la Xunta Xeneral ha incidido en que donde el Gobierno defiende la opacidad en la fase de negociación porque podía afectar al resultado de la propia operación o a la imagen de la empresa, Podemos “defiende la prevalencia del criterio de transparencia”, ya que al tratarse de fondos públicos y operaciones que pueden generar una seria pérdida para las cuentas del Principado, “ha de primar el interés general”.
“Hay otra forma de gestionar lo público y en ese sentido nosotros hemos defendido y defendemos, igualmente, la inclusión de cláusulas sociales no sólo en la contratación pública, sino en cualquier operación donde la Administración del Principado pueda impulsar un comportamiento socialmente responsable en las corporaciones, como es el caso de la venta de participaciones empresariales”, ha afirmado.
