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El Gobierno genera desconfianza con la ampliación del endeudamiento y su rechazo a medidas de transparencia como la Ley de Cuentas abiertas.
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La deuda está sirviendo para tapar los descubiertos contables fomentados por la gestión ineficiente del Gobierno de Javier Fernández.
La espiral de la deuda se ha convertido en uno de los principales lastres de la economía asturiana. Cada persona tiene el equivalente a una deuda de casi 3.800 euros mientras que en 2008 era de unos 750 euros. Uno de cada 4 euros se debe a entidades que han sido rescatadas con el dinero del propio contribuyente, mediante un rescate bancario que consumió el equivalente al Presupuesto del Principáu d’Asturies durante 60 años y que, aplicado a sectores netamente productivos, hubiesen generado una recuperación económica. Al contrario, el rescate ha permitido a los bancos especular con la deuda soberana. En 2015, la suma de beneficios de BBVA, Santander, Bankia, Popular, Sabadell, Liberbank y Caixabank fue de 13.000 millones de euros, un 18% más que en 2014, y equivale al Presupuesto del Principáu d’Asturies para más de 3 años.
Además del rescate bancario, el apoyo incondicional a los grupos empresariales mejor relacionados con la FSA ha aumentado la vulnerabilidad de las cuentas asturianas. La diputada de Podemos Asturies Lorena Gil exigió este jueves explicaciones al Consejero de Empleo, durante la sesión de control, acerca de los motivos que llevaron a la Administración autonómica a arriesgar más de 2,4 millones de euros ante la quiebra de la empresa El Caleyo Nuevas Tecnologías. Esta empresa, del grupo de sociedades que pertenecía al presidente de la patronal de la construcción (CAC-Asprocon), Serafín Abilio Martínez, se encuentra ahora en proceso de liquidación y disfrutó de un aval concedido en 2009 bajo el Gobierno del expresidente Vicente Álvarez Areces, a pesar de contar con un informe técnico del Servicio de Política Financiera (dependiente de la Consejería de Hacienda) en contra, y del que se hizo eco la Sindicatura de Cuentas en la revisión de 2009.
Además de utilizarse para afrontar los sobrecostes generados durante la burbuja de la especulación inmobiliaria, la deuda está sirviendo para tapar los descubiertos contables fomentados por una gestión ineficiente, en lugar de servir como instrumento para la reactivación económica.
Es en este contexto en el que resulta preocupante la demanda del Gobierno, incluida en el Proyecto de Ley de medidas financieras y de gestión presupuestaria que será votado este viernes, de ampliar el límite de endeudamiento a corto plazo hasta el 15% del presupuesto de la Administración del Principáu d’Asturies, para cubrir desfases transitorios de tesorería.
Estos desfases contables han pasado de ser la excepción a constituirse en la norma. Los créditos a corto no han cesado de aumentar en volumen en los últimos años, sin por ello reducir significativamente la morosidad o agilizar los pagos a la ciudadanía.
El Gobierno de Javier Fernández, que bloqueó la Ley de Cuentas Abiertas presentada por Podemos Asturies al tiempo que demanda la ampliación del margen de endeudamiento, no genera confianza, mucho menos con precedentes como el de El Caleyo, por no hablar de pozos sin fondo como el de SOGEPSA.
La confianza es clave para la economía asturiana, por lo que Podemos Asturies someterá a votación de la Cámara un paquete de medidas para la contratación responsable de deuda pública. La posición de Javier Fernández permitirá conocer hasta qué punto tiene voluntad política para afrontar con rigor el problema de la deuda o si, por el contrario, pesa más el hecho de que la economía del PSOE esté lastrada por la deuda con las entidades bancarias mencionadas.
Un gobierno que renuncie a impulsar la economía productiva y siga sin enfrentarse con valentía al problema de la deuda no será un gobierno, sino una gestora, y Asturies merece algo más que una gestora.
