La diputada Lorena Gil preguntó ayer al consejero de Empleo e Industria si existe alguna conexión entre el caso Marea y la ‘trama del cable’, dado que los responsables políticos eran los mismos en Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) y en la consejería de Administraciones Públicas, en la que estaba integrada la empresa pública.
La diputada, explicó, en el Pleno de la Xunta Xeneral, que “el juicio del caso Marea está revelando prácticas irregulares generalizadas en la Administración Pública asturiana, irregularidades que se han focalizado en consejerías como la de Administraciones Públicas, en la que estaba integrada la empresa pública GITPA”.
En ese sentido, llama la atención “la línea de supervisión por encima de la empresa pública GITPA, porque coincide, curiosamente, con la de Marta Renedo”. Es más, concretó, “nos encontramos con Ana Rosa Migoya como consejera de Administraciones Públicas, Luis Iturrioz como viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, Alberto Pérez Cueto como director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y también como consejero delegado de GITPA, y Francisco José Díaz Ortiz, secretario general técnico en Cultura y posteriormente en Administraciones Públicas, siempre con Ana Rosa Migoya y Marta Renedo”.
Manifestó además que, bajo la supervisión de Pérez Cueto había dos jefes de servicio: Marta Renedo (Procesos Administrativos) y Gustavo González Martínez (Telecomunicaciones). En ese sentido, Lorena Gil denunció que Gustavo González, “tramitaba las encomiendas de gestión de GITPA y conformó todas las facturas sin ningún informe técnico que las avalase” y puso como ejemplo “el millón de euros bajo el concepto ‘otros’ que aparece en los informes”, en referencia a la investigación abierta a raíz de la denuncia de la Fiscalía Superior contra los directores de la empresa pública y dos empresas, en una inversión que rondaba los 9 millones de euros, tras apreciar indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación en las obras que el Principado encargó a GITPA para llevar el cable a las zonas occidental y centro de Asturies.
La línea de supervisión por encima de la empresa pública GITPA coincide, curiosamente, con la de Marta Renedo
Gustavo González Martínez, -que por cierto ocupa un cargo de asesor en Presidencia desde hace tan sólo un par de meses- compareció en marzo de 2013 en la comisión de investigación del caso ‘Marea’. Entonces, recordó la diputada, éste “admitió haber firmado facturas que correspondían al servicio de la funcionaria Marta Renedo ‘porque confiaba en ella’, y aunque ‘no era lo normal, tampoco era extraño’ hacerlo”. Por ello, Lorena Gil preguntó a Francisco Blanco si “es habitual que un jefe de servicio conforme facturas de otros servicios” en relación al “visto bueno a dos de las facturas por contratos tramitados íntegramente por Renedo en los que él no intervino pero que no le generaron dudas, decía, y admitía sospechar que Renedo había falsificado su firma en una tercera factura sobre el impacto de tecnología digital”.
Una vez conocidas las irregularidades, la actuación por parte de los responsables políticos del Gobierno asturiano ha sido “lenta, reactiva y opaca, retrasando sistemáticamente el envío de información o directamente no haciéndolo”, denunció la parlamentaria. Recordemos que en el caso Marea el Gobierno tardó seis años en enviar el informe de evaluación de daños económicos a la Fiscalía. En la ‘trama del cable’ han esperado hasta que el asunto “les estalló en la cara” con la denuncia de la Fiscalía.
En el caso Marea, la Intervención General comete errores en su informe y, supuestamente, atribuye “erróneamente” compras al Instituto Adolfo Posada. En GITPA, la Intervención General no ha fiscalizado debidamente los expedientes. En ese sentido, Lorena Gil explicó que “sorprende conocer que la Interventora General actual tiene una vinculación familiar con el primer director general de GITPA, denunciado por la Fiscalía, y respecto a quien hemos conocido que en los registros de bienes y de intereses y actividades que supervisa el Gobierno no constan sus declaraciones entre los años 2006 y 2012”.
La duda que planea es si el caso Marea es el gran caso de corrupción, o el único sobre el que de momento conocemos los detalles. Para conocer el alcance de la ‘trama del cable’, la diputada reclamó al Gobierno “una auditoría integral que incluya tanto la encomienda y demás actuaciones del Principado como las actuaciones de GITPA y sus contratas (contratos, ejecución en campo, facturación, certificaciones, etc.)”
La portavoz de Podemos finalizó su intervención con una comparación tristemente graciosa: “ayer conocíamos en relación al caso Marea que se habían adquirido 200 papeleras para 40 metros cuadrados en el centro de Belén de la Montaña. Esto nos recuerda el exceso de cable facturado en la Troncal de Occidente, y es que no hay kilómetros en Asturies para tanto cable facturado”.
Fundación Barredo pagó por una entidad “siete veces mas de su valor real”
Lorena Gil realizó una segunda intervención en la que preguntó al consejero Francisco Blanco sobre la Fundación Barredo, una entidad pública que se dedica a la investigación y el desarrollo de la industria extractiva. Le preguntó, en concreto, sobre la adquisición en 2007 de una sociedad por un importe “siete veces mayor que su valor real”.
Recordó que la propia Sindicatura de Cuentas puso “la alarma” sobre la compra de la sociedad ‘Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables’ que, con unos fondos propios iniciales de 3.100 euros en abril de 2007, pasa a ser adquirida por 400.000 euros en diciembre de ese mismo año. La diputada puso el acento en que la Sindicatura advirtió que los criterios de valoración de su compra y contabilización no se ajustan a los utilizados para alcanzar una valoración razonable, por lo que, “estaría sobrevalorada en, al menos, 343.000 euros, el 85% de lo que se pagó por esta sociedad está alejado de cualquier postura de administrador diligente”.
Lorena Gil acusó al Gobierno de dotar con 18’8 millones de fondos públicos en los últimos diez años a “una institución que no tiene personal y cuyas investigaciones se hacen por parte de otras entidades”, mientras “se dejan caer otras, como Soft Computing, que podían haber representado una enorme oportunidad para Asturies”. De hecho, se preguntó “si tan importante es la investigación que realiza la Fundación Barredo, ¿dónde están sus resultados comerciales y económicos, que fue el argumento para dejar caer a Soft Computing?”, en referencia a la página web de la fundación, donde no se publican “ni las cuentas ni la memoria, cuántas personas trabajan en ella, qué resultados podrían destacar y qué parte de la consejería
