La dependencia tiene rostro de mujer: las cuidadoras y las cuidadas son mayoría. Los datos hablan por sí solos. Dos tercios de las personas con dependencia reconocida (el 65%) son mujeres y 9 de cada 10 cuidadoras también son mujeres. “A pesar de estos datos sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar suponiendo la feminización de los cuidados, dado que esta no es resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social”, ha apuntado la diputada de Podemos Asturies Rosa Espiño. Hay que recordar que más de 180.000 cuidadoras no profesionales han perdido las cotizaciones, mientras la financiación del Estado representa menos del 20% del coste del sistema, cuando por ley debe ser el 50%. Entre tanto, diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios a las que tienen derecho.

Por todo ello, Podemos Asturies ha registrado una Proposición No de Ley que tiene un doble objetivo. Por una parte, exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que destine más recursos a la Dependencia y que recupere la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y no profesionales. “Es necesario y urgente un cambio de rumbo que impulse el sistema de Dependencia, financiándolo adecuadamente para permitir que cumpla con el fin para el que fue creado que, en definitiva, es garantizar los derechos de la ciudadanía. También abordar la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores familiares con cargo a la Administración General del Estado. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Promoción y Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia debe ser una prioridad en la agenda política del nuevo Gobierno estatal”, ha manifestado Espiño.

En segundo lugar, la iniciativa pretende instar al Ejecutivo asturiano a que realice un estudio sobre el impacto de género, tal como establece la Ley. “Es imperiosamente necesario realizar un profundo análisis desde una perspectiva de género que preste especial atención a la gestión de los cuidados en el entorno familiar, comprobando si en el desarrollo de la Ley de Dependencia se están teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales, o si por el contrario se están reforzando los clásicos roles que por cuestiones de género se asignan en el sistema patriarcal. Además, deben considerarse las necesidades específicas de las mujeres que reciben los cuidados, puesto que son mayoría entre la población con situación de dependencia reconocida”, ha afirmado la parlamentaria.

Por último, Espiño ha recordado que en Asturies “la encomienda de gestión de la prestación del servicio de ayuda a domicilio a las entidades locales deja en manos de éstas -y de las empresas con las que contratan el servicio- la fijación de instrucciones y criterios sobre el desarrollo del mismo, lo que provoca una desigualdad territorial en la prestación, tanto para las personas usuarias como para el desempeño de las funciones de las trabajadoras”. Por ello, “apostamos por que los criterios de la gestión de la ayuda a domicilio los establezca el Principado y no los ayuntamientos y las empresas, para que todas las personas usuarias del servicio cuenten con la misma cobertura, y no tengamos 78 servicios de ayuda a domicilio diferentes”.