Iván G. Fernández

Podemos Asturies señala que «sería lamentable que el de la FSA fuera el único Ejecutivo socialista que siga anclado en las medidas del PP»

«Otras comunidades autónomas, gobernadas muchas de ellas por el PSOE, han entendido que es el momento de cerrar la época de recortes en los servicios públicos. No hay excusas, esperamos que el Gobierno asturiano reconsidere su posición», señaló esta mañana a los medios de comunicación Enrique López tras reunirse con representantes de la Junta de Personal Funcionario de la Administración del Principado. El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies planteó «diferir a 1 de enero de 2019 la implantación de la semana laboral de 35 horas ante la cortapisa que pone el Gobierno asturiano como excusa, que es la regla de gasto, una regla de gasto que rechazó su partido. Sería lamentable que el de la FSA fuera el único Ejecutivo socialista que siga anclado en las medidas impuestas por el Partido Popular, cuando la propia ministra de Economía rechaza la actual configuración de la regla de gasto».

El parlamentario de la formación morada informó de que «habíamos pedido esta reunión con la Junta de Personal Funcionario para informar de la situación actual de la Ley de Medidas de Función Pública». En el encuentro de esta mañana «les trasladamos nuestra intención de enmendar esta ley, fundamentalmente poniendo el foco en la semana de las 35 horas para 2019, una reivindicación de todas las fuerzas que representan a la función pública asturiana y que creemos que serviría para dar un cierre a los recortes que se impusieron en la Administración asturiana hace unos años y que supusieron una degradación de servicios públicos y la destrucción de empleo temporal por las ampliaciones unilaterales de jornada».

Enrique López detalló, respecto a las enmiendas que se presentarán a la citada ley, que «vamos a plantear la aplicación, a partir del 1 de enero de 2018, del segundo grado de la carrera profesional, también el segundo grado de progreso del personal sanitario. Tenemos una enmienda pendiente de cerrar sobre categorías profesionales sanitarias». Asimismo, informó de que «queremos que el Gobierno haga uso de la posibilidad que le da el segundo acuerdo marco que se firmó en marzo en Madrid para aplicar el 0,20% de fondos adicionales que deben servir para corregir desigualdades que hay en complementos retributivos y en colectivos discriminados, todo eso supeditado a la negociación colectiva, que respetamos absolutamente».

Por su parte, Miguel Ángel González manifestó en representación de la Junta de Personal Funcionario que «esta ley que se va a discutir en el Parlamento asturiano es absolutamente insuficiente e insatisfactoria, desde el punto de vista de la situación actual de los servicios públicos en Asturias y de los derechos que hemos perdido en estos últimos seis años los empleados públicos y ante cuya devolución este Gobierno sigue regateando y racaneando». Recalcó que la ley «se queda corta en todos sus aspectos. La subida salarial que se nos va a aplicar ya está por debajo del IPC, y nos hallamos aún en el mes de julio. Las plazas que se van a crear, aunque son necesarias, están muy lejos de la recuperación de plantillas que se necesitaría para poder darle a los ciudadanos un servicio público decente y suficiente». Además, remarcó, «siguen quedando fuera de las medidas de este Gobierno cuestiones como las 35 horas semanales, con lo que supone de creación de empleo público y de conciliación de la vida personal y familiar de los empleados públicos».