Iván G. Fernández

Podemos Asturies lleva a la Junta una proposición no de ley sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los cupones

El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies llevará esta semana al pleno de la Junta General una proposición no de ley en la que insta a la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno español autoriza a vender a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), «para poner sobre la mesa cuál es la situación en esta empresa», asegura Enrique López. El diputado dio detalles de la misma en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Fernando Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturies, y por Francisco Suárez Regueiro, secretario general de la sección sindical asturiana de CC OO en la ONCE.

El parlamentario de la formación morada recordó que dicha organización «es una empresa rentable y con unas obligaciones sociales, para lo cual recibe cuantiosísimas subvenciones del Estado. Y tiene un papel fundamental en dar garantías de empleo y dignidad de vida no solamente a personas ciegas, sino también con otro tipo de discapacidades». En ese sentido, añadió, «es una obligación política que intentemos que se canalicen esos recursos públicos que se ponen en manos de una empresa privada con una función claramente social, que no se desvíen a la simple obtención de beneficios».

Denunció que la habilitación de nuevos puntos de venta para sus productos «ha traído perjuicios sociales y laborales importantes. La ONCE tiene la tutela del Gobierno central a través del Consejo del Protectorado, que es a quien compete autorizar y modificar en su caso las modalidades de juego y las condiciones de comercialización de los productos de la ONCE». En su momento, con la implantación del euro, la organización «adujo pérdidas para plantear la necesidad de cambiar la forma de comercializar el famoso cupón, y lo que en principio se planteaba como una cuestión casi anecdótica o en todo caso secundaria se está convirtiendo en la principal vía de penetración de los productos de la ONCE». Todo ello «supone una desatención de la función social de la organización».

Se trata, explicó Enrique López, de «garantizar que la ONCE contrate a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello y que se favorezca igualmente la contratación de personas con otro tipo de discapacidades frente a los canales físicos complementarios de venta, recuperando el compromiso inicial de la ONCE de que los canales físicos complementarios se implanten solamente allí donde, por circunstancias específicas, no pueda haber una vendedora o un vendedor de la ONCE».

Por su parte, Francisco Suárez Regueiro apuntó que «lo que pedimos es de sentido común. Si las personas afiliadas a la ONCE no tienen un puesto de trabajo, es muy difícil lograr su integración en la sociedad». Denunció que «para hacer indefinido al trabajador al tercer año se le exigen 1.500 euros de ventas, cuando el mínimo recogido por convenio es de 1.050 euros. Si la ONCE tiene más de 10.000 establecimientos vendiendo los mismos productos que los vendedores y haciéndoles la competencia, no parece muy normal que el mínimo de ventas sea tan superior, máxime cuando se han perdido 2.600 puestos de trabajo desde la creación de esos centros de venta». La situación se hace aún más injustificable, concluyó, por el hecho de que la Organización de Ciegos «está exenta de cargas sociales, no cotiza a la Seguridad Social y cobra subvenciones. Por tanto, le sale muy barata la contratación de trabajadores».