Iván G. Fernández

Podemos Asturies lleva al pleno del Parlamento asturiano una iniciativa para implantar en seis meses esa modalidad laboral

«El Principado va muy rezagado en la aplicación de la normativa europea y española sobre implantación de teletrabajo en la Administración», asegura Enrique López, que destaca que «allí donde se ha implantado solamente ha reportado beneficios, para las trabajadoras y trabajadores y para las administraciones y empresas». Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Podemos Asturies lleva esta semana al pleno de la Junta General una iniciativa para que el Gobierno asturiano «implante en seis meses el teletrabajo en la Administración autonómica priorizando criterios avanzados que tengan en cuenta perspectiva de género y discapacidad, criterios ecológicos y de protección del medio ambiente y una mejora de la calidad en la prestación de los servicios».

El diputado recuerda que «este tema tiene sus precedentes en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado en Bruselas en 2002, en el que todos los países de la UE, más Noruega e Islandia, se comprometían a su aplicación». Tras ese acuerdo se aprobó en España una orden por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales y que define el teletrabajo como «modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos».

Enrique López afirma que «el teletrabajo favorece la conciliación personal y familiar, disminuye los movimientos de trabajadores, supone ganancia de tiempo, de calidad medioambiental y también ahorro económico al suprimir desplazamientos de trabajadoras a sus puestos de trabajo». Hasta el momento al menos nueve comunidades autónomas han regulado e implementado el teletrabajo: País Valenciano, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Euskadi, Baleares y La Rioja.