Podemos Asturies llevará al pleno este viernes una proposición no de ley para la aplicación urgente de la Ley de Contratos del Sector Público

«Consideramos que para lograr una contratación pública transparente, eficiente, blindada frente a la corrupción y que apueste por el gasto responsable basado en criterios éticos es necesario un adecuado desarrollo normativo que complete y unifique en Asturies los criterios aplicables en la materia». Sobre esa base se articula la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies para la aplicación urgente en nuestra comunidad autónoma de la Ley de Contratos del Sector Público, que será debatida este viernes por el pleno de la Junta General del Principado y que hoy ha sido presentada a los medios de comunicación por Emilio León y Lorena Gil.

El portavoz parlamentario ha explicado que con esta iniciativa «pretendemos poner fin a las prácticas de la Administración en B, poner un corolario a las investigaciones sobre la corrupción. En el caso de la empresa pública Gitpa, por ejemplo, hubo más de cuatro millones de euros despilfarrados en contratos menores sin ningún tipo de control». Con esta iniciativa y otras que la formación morada presentará en las próximas semanas «traemos la solución no solamente para que las trabajadores y trabajadores públicos tengan criterios claros a la hora de tramitar los contratos y que las empresas puedan contratar con mayor sencillez y con total transparencia, sino también para que el dinero público se destine a reforzar el tejido económico y que la reactivación económica no tenga pies de barro».

Por su parte, Lorena Gil ha detallado que «la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el 9 de marzo, supone una modificación sustancial del modelo de contratación pública, donde se ha puesto en evidencia las deficiencias de un sistema poco transparente que ha permitido o favorecido numerosos y graves casos de corrupción, junto a multitud de prácticas poco éticas o abusivas». Ha añadió que «la falta de transparencia en las licitaciones ha llevado a que la contratación del sector público, que supone entre el 16 y el 20 por ciento del PIB, no haya sido accesible para todos los potenciales licitadores ni haya favorecido la creación de nuevas empresas no vinculadas a grupos ya incorporados a esa contratación».

La diputada ha explicado que La Ley de Contratos del Sector Público, «por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo que parten de la llamada estrategia Europa 2020, supone un giro en el marco normativo estatal, cuyo alcance dependerá de su aplicación efectiva y del esfuerzo que todas las administraciones autonómicas hagan en el ámbito que les es propio». Pasado un mes de la entrada en vigor de dicha ley, «el Gobierno asturiano no ha regulado esta materia ni ha establecido medida alguna para favorecer su implantación homogénea en todos los órganos del sector público autonómico».

La proposición no de ley de Podemos Asturies, ha apuntado la parlamentaria, «contribuirá a impulsar la contratación pública estratégica, que asocia el concepto de eficiencia del gasto público con la promoción de objetivos sociales, y determinar sin más demora cómo se va a aplicar en el ámbito autonómico esa ley, ya en vigor». Entre las medidas que propone la formación morada están «aprobar en el plazo de un mes la regulación aplicable en materia de contratación pública del desarrollo de la ley, con unas normas uniformes, detalladas y claras sobre la composición de las mesas de contratación. Entre otras cosas, la norma dice que en ningún caso podrán formar parte de las mesas ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual». También se plantean «medidas concretas para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción, y procedimientos de detección y actuación en relación con el conflicto de intereses».