El diputado de Podemos Asturies presenta el borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria que preside

«Hay una falta de diligencia y podría haber connivencia política», considera Emilio León en relación con la gestión de los fondos de formación asturianos. El diputado de Podemos Asturies resaltó esta mañana, durante la presentación del borrador de dictamen de la comisión parlamentaria presidida por él, que «aquí no estamos hablando de la práctica individual de un actor que mete la mano en el cajón puntualmente, estamos hablando de un desvío prolongado de recursos en torno a una estructura que requería la connivencia o la participación de múltiples actores, que no siempre eran conscientes de lo que estaba sucediendo; a veces bastaba con que mirasen para otro lado para que este mecanismo se pudiese mantener».

El parlamentario de la formación morada citó nombres concretos al señalar que «esta investigación abarca cuatro legislaturas y tres presidentes asturianos: Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Fernández. Y en las conclusiones se establece una ponderación de las responsabilidades, tanto en la duración como en el momento político y las señales de advertencia que podía haber». Detalló que «durante la presidencia de Areces no se generalizan los mecanismos de control y de evaluación que se hubiesen necesitado. La presidencia de Cascos, por su corta duración y por su propia inestabilidad, no afronta sustancialmente ni reorienta las políticas de empleo, mantiene la inercia precedente. Y con Fernández nos encontramos la fase de indolencia, se persevera en el error político».

Considera que, «en caso de confirmarse las irregularidades que señalamos en la comisión de investigación, el foco habría que ponerlo particularmente en las presidencias del PSOE, por los posibles vínculos con la UGT y por la escasa precaución ante posibles incompatibilidades». Y se refirió a tres consejeros sucesivos: «Graciano Torre, el consejero con paso más dilatado por la gestión de este tipo de políticas, no implementa ni generaliza los mecanismos de evaluación ni de control más allá del control formal. A Francisco Blanco se le atribuye una inacción cuando ya han saltado todas las alarmas. Lo mismo sucede con Isaac Pola, al que se le puede atribuir una escasa colaboración con esta comisión de investigación».

Emilio León lamentó, en referencia al caso que ha salpicado judicialmente a UGT, que «nadie se preguntaba realmente qué estaba pasando con esos fondos que se estaban destinando, se conformaban con índices de seguimiento, de inserción; ver si los pinceles llegaban o no a un curso determinados o si los empleados conseguían o no empleo después, pero sin preguntar si ese empleo estaba vinculado a la formación que habían recibido». Y recalcó que «estamos hablando de un volumen de gasto muy relevante como para que nadie se preocupara de si estaba teniendo un efecto neto».

En su opinión, «en buena medida las políticas de formación se habían convertido en un mecanismo de financiación de la concertación social, más que en una política real para buscar empleo». La Administración asturiana, añadió, «delega presumiendo que esos fondos van a ser mejor utilizados por los actores en los cuales delega y renuncia tanto a la fiscalización sustancial de esos actores como a la evaluación del impacto de esas políticas». Los trabajos de la comisión parlamentaria permiten señalar que «los indicios de irregularidades con consistentes e invitan a una ampliación de la investigación. No solamente estamos hablando de un relevante quebranto económico, sino también de un cambio en la naturaleza de la financiación de los agentes y actores, al menos durante este periodo, con efectos políticos relevantes».

Emilio León explicó a los medios de comunicación que el borrador con el balance y las conclusiones fue remitido a todos los grupos parlamentarios el pasado viernes por la tarde y que el plazo para presentar las enmiendas finalizará el próximo lunes, a las diez de la mañana. El día 6 de marzo, miércoles, comenzarán las sesiones de la comisión para su debate. Por tanto, insistió, «lo que presento hoy es simplemente un borrador para la discusión. El dictamen se votaría el día 15 en la comisión, hasta el día 22 habría de plazo para votos particulares y, en caso de salir adelante, se llevaría a votación en el último pleno de la legislatura, el 29 de marzo».

Asimismo, aportó datos sobre el volumen de trabajo de la comisión de investigación, en la que «las solicitudes de información, que va desde 2004 a 2018, abarcaban 13.000 cursos, más de ocho millones y medio de páginas. Lógicamente, no se pudo abordar en su integridad, y esa es una de las conclusiones principales que a mí me gustaría que llegase a ser aprobada: la necesidad de dar continuidad a los trabajos y a las vías de investigación abiertas por esta comisión». Agregó que «convocamos a 43 de las 102 personas del listado inicial, porque se agotaba el tiempo de la legislatura. Y entre las convocadas hubo ausencias clamorosas, como las de algunos de los imputados en el proceso judicial y algunos responsables políticos como el ex consejero Francisco Blanco». Se congratuló como parlamentario de que «uno de los logros de esta legislatura es haber normalizado las comisiones de investigación en la Junta General, cuatro en total se han llegado a desplegar, y entre sus conclusiones han salido propuestas interesantes».