Es inadmisible lanzar un mensaje de miedo a quienes denuncian irregularidades en el ejercicio de su función como empleados públicos
Podemos Asturies confía en que este lunes se apruebe el dictamen de la Comisión de Investigación, concluyendo así más de dos años de trabajo, y tras sortear los intentos de bloqueo por parte de quienes han presentado votos particulares
La empresa pública GITPA gestionó entre 2006 y 2016 obras por un importe global superior a los 60 millones de euros, 58 millones en obra mayor y casi 4 millones asociados a contratos menores. “Resulta difícil cuantificar la magnitud del quebranto a las arcas públicas, pero la revisión por el juzgado de apenas el 1% de la cuantía total de los contratos menores ha resultado en la condena por prevaricación del primer director general de la empresa, Rodríguez Bañuelos. Si los sobrecostes de la Troncal del Occidente fuesen extrapolables al presupuesto barajado por el ente, estaríamos ante un quebranto superior al del Caso Marea”, ha manifestado este sábado Lorena Gil. La coportavoz parlamentaria de Podemos Asturies ha valorado en rueda de prensa el desarrollo de la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por GITPA, que este lunes se reunirá de nuevo en la Junta General para la aprobación de su dictamen y para la presentación de los votos particulares.
Lorena Gil ha desgranado algunos datos que dan cuenta de la magnitud del despilfarro y de las irregularidades en esta empresa. “Se pagaron 1.740.000 € en derechos de paso establecidos al margen de la ley para la Troncal Occidental; del orden de medio millón de euros en fibra óptica como pago en especie a Feve, igualmente al margen de la ley; 6 millones de euros en la Troncal Occidental, agotando el presupuesto disponible al facturar un 35% más de kilometraje que el existente en concepto de obra y un 85% en concepto de proyecto”.
Asimismo, ha recordado que “se hicieron labores de altas de usuarios -por valor de 1.715.000€- ejecutadas inicialmente sin contrato y posteriormente con uno presuntamente amañado. Al menos 2 millones de euros gastados para implantar un servicio de televisión por radiofrecuencia que solo necesitaba Telecable y por el que esta empresa se niega a pagar las cuotas establecidas, que suman una deuda de 400.000 euros, conflicto que fue llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras la reiterada consulta de Podemos al Gobierno y la negativa a entregarnos la documentación, porque no existía dicho contrato”.
“Existen contratos menores por valor de 4 millones de euros sin ningún control, muchos de adjudicación directa, como, por ejemplo, con el hijo del Director General Rodríguez Bañuelos; y personal de la empresa contratado sin que pueda probarse que se han seguido criterios de igualdad, mérito y capacidad”, prosiguió. Además, ha incidido en que “el nulo papel de control que ejerció el Consejo de Administración de GITPA fue validado por algunos altos cargos del Gobierno del PSOE que formaban parte del Consejo de Administración de GITPA” y puso un ejemplo de esta falta de control: “en 2009 se pagaron a GITPA al menos 9.484.927,37 millones de euros sin control de Intervención del Principado, sin que se revisaran las certificaciones por un técnico, sin revisiones en campo, etc.”
Al dictamen, que reprueba políticamente a Vicente Álvarez Areces, Ana Rosa Migoya Migoya, Luis Iturrioz y a los consejeros de Industria Torre y Blanco, desde Podemos Asturies propusimos incorporar irregularidades adicionales detectadas en el curso de estos meses, la recomendación de actuaciones en la Administración autonómica, fundamentalmente en relación al control del sector público empresarial, así como dar traslado de la documentación a la Fiscalía. “Hay que recordar que los hechos se producen con los mismos responsables políticos, y administrativos que en el caso Marea, en el mismo momento, y las actuaciones en algunos casos siguen un patrón similar”, ha afirmado la diputada.
De los votos particulares presentados al dictamen final se extraen mensajes idénticos de los dos partidos que han formado Gobierno en Asturias desde que existe GITPA. “PSOE y Foro hacen un alegato en pro de la impunidad e inmunidad de los directivos que cometieron ilegalidades, apelan a la ausencia de responsabilidad de los altos cargos que por acción u omisión crearon el marco para que estos hechos pudieran producirse y atacan brutalmente a los empleados públicos que, cumpliendo con su deber legal, comunicaron las irregularidades de las que habían tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones”, ha aseverado.
Foro, además, “reinterpreta la realidad con un relato bastante imaginativo respecto al Director General de GITPA, Eduardo González Bayod, como único denunciante veraz de las irregularidades cometidas en la empresa, que recuerda al “yo destapé la trama Gürtel” de Esperanza Aguirre. Siendo conocedor de irregularidades como era, ¿por qué no las denunció?”
Por su parte, el Grupo Socialista, en un extensísimo “corta y pega” de 60 páginas “de transcripciones parciales, sesgadas y descontextualizadas de declaraciones y documentos, reconstruye la realidad, tratando de ocultar una forma de actuar en la que se da una falta de control a priori para detectar irregularidades y una total inactividad a posteriori una vez que son conocidos datos que apuntan a la posible comisión de irregularidades en sus ámbitos de competencia, demostrando que la Administración asturiana sigue siendo su cortijo, y que la FSA está lejos de la imagen de transparencia y modernidad que pretende vender el PSOE a nivel estatal”, ha sentenciado.
Por último, respecto a Izquierda Unida, Lorena Gil considera que en su voto particular “baja el tono y hace una llamada a la supresión de la ‘brecha digital’ sin tener en cuenta que en las tres últimas legislaturas, GITPA no ha resuelto esta brecha en ninguna localidad ni este Gobierno ha presentado ningún plan al respecto ni a corto ni a medio plazo, algo que a nuestra formación le preocupa muchísimo. Obvia IU que la recomendación de supresión de GITPA cuenta con el precedente del Gobierno socialista que, mediante una Ley, promovió su disolución. Y resulta inaudito que legitime, igualmente, la imposición del mal llamado canon en concepto de derechos de paso por la línea de FEVE de la Troncal Occidental que, con una validez de 15 años, fue negociado de forma ilegal”.
Desde Podemos Asturies confiamos en que este lunes, y tras sortear los intentos de bloqueo por parte de quienes han presentado votos particulares- se puedan concluir, con la aprobación del dictamen, estos más de dos años de trabajo, que ya han dado su fruto en sede judicial, donde siguen su curso las causas abiertas en torno a la gestión y actividad de la empresa pública.
