Rafael Palacios ha denunciado el retraso en los pagos de las ayudas, la falta de acompañamiento y los procesos burocráticos “lentos y engorrosos” en el programa de familias de acogida
El diputado parlamentario y coordinador en funciones de Podemos Asturies, Rafael Palacios, ha sostenido esta mañana que el programa de familias de acogida temporal y permanente sigue atravesando unas dificultades muy graves que “no acaban de resolverse”. El retraso en el pago de las ayudas, la falta de acompañamiento y de seguimiento o la lentitud burocrática son los obstáculos que pueden desanimar a más familias a participar en el programa, “lo que supondría un grave impacto en los menores que necesitan esta herramienta”.
Palacios ha recordado que las familias que forman parte de este programa lo hacen con el objetivo de que los niños y niñas acogidas pasen el menor tiempo posible “institucionalizados”. “El objetivo es que los menores puedan convivir con las familias, que tengan referentes y buenas relaciones sociales”. “Estos procesos son muy difíciles”, ha explicado Palacios, “estas familias hacen un gran esfuerzo personal, económico y emocional, muestran una profunda solidaridad, pero se genera un fuerte malestar entre ellas debido a las dificultades que están teniendo que afrontar debido a la mala gestión por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar”.
El proceso de acogida es un trámite que suele demorarse mucho en el tiempo debido a la burocracia. Según el diputado, “hay procedimientos que pueden simplificarse para que no se convierta en una Odisea para esas familias”. La demora de las ayudas para libros, actividades extraescolares o, por ejemplo, para el dentista “está perjudicando gravemente a estas familias que muchas veces se ven obligadas a adelantar ese dinero”, ha lamentado. “Esas ayudan tendrían que recibirse de una forma mucho más inmediata para la protección de los menores”.
Así las cosas, Rafael Palacios ha alertado de que “es imprescindible mejorar el mecanismo de acompañamiento, seguimiento y de permanente diálogo con estas familias que lo necesitan”. Cuando una familia comienza el proceso de acogida, es necesario que haya un vínculo entre ellas, un acompañamiento, porque son procesos complicados. Al respecto, Palacios ha denunciado “la precariedad y la inestabilidad laboral que sufren las personas trabajadoras del ámbito de los Derechos Sociales y el Bienestar; una inestabilidad que se traduce en un sistema ineficaz de rotaciones permanentes que obligan a estas familias del programa de acogida a estar contando su caso una y otra vez, algo que rompe la continuidad de las relaciones cuando lo que se necesita es justo lo contrario. Hay que pelear contra esas rotaciones, la precariedad y los contratos temporales”.
Otra denuncia recogida en múltiples ocasiones por nuestro partido es el retraso permanente en el pago de las ayudas a las familias de acogida que tienen menores a su cargo. “Hablamos de retrasos de más de medio año”, algo que “impacta negativamente” en el funcionamiento de estos procesos. “Tiene que haber una política clara de plazos de estos pagos”, ha dicho el diputado. “Además, hay un patrón en el retraso de las ayudas que siempre se producen a comienzo de año y después del verano, por tanto, se podría hacer una planificación para que esto no suceda y poder gestionar los recursos económicos”. Rafael Palacios ha querido subrayar que “es a los menores a quienes se está perjudicando con esta mala gestión”.
Palacios ha ahondado de nuevo en las dificultades de “un programa que creemos que es muy bueno y necesario, que tiene un impacto muy positivo en los menores y en las familias y que fortalece las redes de solidaridad en Asturias”.
El diputado ha finalizado su intervención trasladando el apoyo de Podemos Asturies a las personas trabajadoras de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar movilizadas en una concentración a las 11 horas frente a la Xunta Xeneral. Palacios ha querido apoyar las reivindicaciones sobre la precariedad laboral del sector, la falta de cobertura del personal en los centros de trabajo, pérdida evidente de empleo público, malas condiciones laborales y falta de diálogo y comunicación con un Gobierno “que ha mostrado su falta de voluntad”.
