A Podemos Asturies le resulta extraña la respuesta del Gobierno asturiano a una solicitud de información de nuestro grupo parlamentario que confirma una posibilidad que ya apuntábamos en la Xunta Xeneral, en el transcurso de una interpelación que la diputada Lorena Gil realizó al consejero de Industria en el mes de mayo pasado, y que revela la inexistencia de los dos expedientes de declaración de compatibilidad correspondientes al director general de la Fundación Barredo, jefe de servicio de Promoción y Desarrollo Minero en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y, además, administrador de la empresa Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables, S.L., y al secretario del patronato de la fundación, jefe de servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
«La entidad evita rendir cuentas ante la Sindicatura y elude aclarar, en sede parlamentaria, el uso que hace de la millonaria financiación pública recibida desde su creación en 2001»
Es importante recordar que los empleados públicos están sometidos a un estricto control y no pueden desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad salvo que tengan la correspondiente autorización o reconocimiento, previa presentación de la correspondiente solicitud, por lo que nos preguntamos el porqué de la excepción en estos dos casos o si es que han fallado los controles en la Consejería de Industria o bien se ha mirado para otro lado. Esto último nos parecería un hecho muy grave.
Por ello, requerimos al Consejero de Industria que explique qué ha ocurrido en estos dos casos y que, de manera general, aclare cómo se realiza el control de las actividades de los empleados públicos de su Consejería.
Los responsables de la Fundación Barredo, a requerimiento de la Sindicatura de Cuentas por la falta de justificación de las subvenciones recibidas, han manifestado en sede parlamentaria que los fondos anuales de un millón de euros que se vienen recibiendo al menos desde 2013 de los Presupuestos del Principado, se destinan a I+D y a amortización de una deuda imputada con el concepto de “inversiones” en su centro de San Pedro de Anes.
Sin embargo, ni en la comparecencia de Presupuestos el pasado mes de diciembre, ni en la de ayer en la Comisión de Hacienda y Sector Público, que analizaba el informe definitivo de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre entidades fuera de la Cuenta General del Sector Público, el director general de Minas, Isaac Pola, y el director de la Fundación Barredo han sido capaces de explicar cuáles son los importes dedicados a I+D y cuáles los dedicados a inversiones y para qué conceptos, o cuáles son los documentos con los que se justifican.
Toda la información obtenida, es una larga lista de nombres de proyectos de investigación que no justifican el gasto millonario de una fundación que ni siquiera cuenta con personal propio y que, a 31 de diciembre de 2015, tenía avalados con la Administración 9.425.102€ más un endeudamiento vivo de 3.230.004€, el 99,28% de la deuda de las fundaciones públicas. Dos respuestas a la misma pregunta y tan confusas e imprecisas en ambas comparecencias, sólo pueden indicar que se está omitiendo intencionadamente información sobre el uso que la Fundación hace de esos recursos públicos.
Ante esta situación de incertidumbre y opacidad, la diputada Lorena Gil ha declarado que desde su grupo seguirán “exigiendo explicaciones” hasta entender completamente la naturaleza de todo el gasto de la Fundación Barredo y “poder comprobar” que responde en su totalidad al interés general, como corresponde a la correcta gestión del dinero público. Para ello ha registrado la solicitud de comparecencia del director general de la Fundación Barredo en la Comisión de Industria para tratar de dilucidar todas las cuestiones relativas a la actividad y proceso de rendición de cuentas de la fundación.
