El pasado 10 de junio finalizaba el plazo de presentación de candidatos y candidatas a las tres plazas de oficial administrativo que la Fundación Niemeyer convocó recientemente. Para estas plazas se pedían requisitos como estar en posesión de un grado universitario superior, contar con un nivel intermedio de inglés y con una experiencia profesional de tres años. Entre las tareas a realizar se detallaban: servicios de atención al público y taquilla, tramitación de reserva de visitas, presupuestos, resúmenes de prensa, tramitación de subvenciones, expedientes de compras y contratación, captación de públicos, etc. Así hasta 26 tareas que responden a perfiles muy diversos y alejados entre sí, con un “módico” sueldo de 15.000 € brutos anuales. La oferta de empleo, propia de un titulado superior, aparece con una categoría profesional de oficial administrativo adscrito al Convenio del Ocio Educativo y Animación Sociocultural, habitualmente enfocado al sector del ocio en centros cívicos, ludotecas, campamentos y colonias, entre otros. Es decir, equipamientos que no concuerdan con la idea del Niemeyer como un centro cultural de referencia internacional, tal y como el PSOE planteaba en su programa electoral de las pasadas elecciones.

No es admisible que una fundación financiada principalmente por dinero público desatienda la petición del sector cultural de aplicar buenas prácticas en las contrataciones y relaciones laborales con sus trabajadores, cubriendo funciones muy diversas que corresponderían a distintos perfiles y puestos. Desde Podemos Asturies consideramos que el plan de choque al que se ha sometido a la Fundación Niemeyer después que sus anteriores gestores dejaran un agujero de 3,49 millones de euros no se puede compensar precarizando el trabajo de sus empleados y empleadas.

Cabe recordar que esta convocatoria se ha realizado en una situación de vacío, un momento de tránsito entre el cese del Gobierno de Javier Fernández y la entrada del nuevo Ejecutivo, que deberá nombrar a los miembros del patronato. El actual patronato está compuesto por el Viceconsejero cesante, que firma la oferta de empleo, la alcaldesa de Avilés, el Consejo de Cultura, la Directora General de Patrimonio, un representante del PP en el consistorio avilesino, un representante del Ministerio de Cultura, dos de la Autoridad Portuaria, uno de la empresa Daniel Alonso y otro de Asturiana de Zinc. En definitiva, está compuesto por una amplia mayoría de la FSA que ha impedido hasta la fecha realizar una labor fiscalizadora a los grupos de la oposición. La convocatoria de estas plazas es prueba de ello.