«Hasta ahora las administraciones asturiana y estatal no han dado las salidas necesarias ante este fraude», señala Mario Suárez

Daniel Ripa manifestó esta mañana que «apoyamos que se ponga en marcha un fondo de emergencia para acabar los tratamientos iniciados. La supervisión de la clínica de iDental estaba en manos de la Agencia de Consumo del Principado, con lo cual la financiación de los tratamientos, si hay nuevos costes, no puede recaer en los afectados, sino en la Administración». El diputado y secretario general de Podemos Asturies participó en una rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés con Mario Suárez, portavoz municipal de Xixón Sí Puede, y con portavoces de las personas afectadas por el cierre de la clínica que la cadena iDental tenía en Tremañes.

El representante de la formación morada asturiana informó de que «respaldamos las demandas de emergencia de los afectados y afectadas, ya llevamos a la Junta General este asunto en dos ocasiones. El Gobierno asturiano se comprometió a apoyar el proceso a nivel judicial, a apoyar la paralización de los cobros. Yo creo que van en buena dirección, pero no al ritmo que tiene que ser para una situación de emergencia donde cada semana que pasa hay más consecuencias para las personas afectadas». Denunció que «están llegándoles cartas de los bancos y las financieras para seguir cobrando bajo la amenaza de un recargo en caso de no pagar. Es inaceptable, la Administración debe descolgar el teléfono y decir que estos cobros son ilegales y que no puede volver a suceder».

Por otro lado, apuntó que «los historiales clínicos de los pacientes siguen en una nave industrial de Tremañes. Murcia y Castilla y León han conseguido recuperarlos por vía judicial. ¿Por qué en Asturias los historiales clínicos siguen abandonados en una nave?». Dejó claro que «tiene que hacerse un peritaje independiente y gratuito a los afectados» y expresó su deseo de que «a ver si conseguimos que a estos sinvergüenzas y caraduras de administradores de la empresa los metan en la cárcel». Lamentó que «si la situación de iDental ha llegado donde ha llegado no ha sido por falta de denuncias de los usuarios, que llevaban más de un año alertando a la Administración de que ahí estaba pasando algo malo, sino por la ausencia de supervisión de los reguladores de consumo, que deberían haberse asegurado de que una clínica de salud dental que tenía los permisos necesarios estaba actuando correctamente».

Por su parte, Mario Suárez recordó que «desde hace un mes y medio, aproximadamente, cuando tomamos contacto con el tema de iDental en una asamblea en Tremañes, hemos ido viendo cómo iba aumentando el fraude económico, social y sanitario. El propio Colegio de Odontólogos ha calificado esto como el mayor fraude de Europa». Y añadió que «esa es la parte de titulares de prensa, pero lo más importante es la parte humana, la de las personas a las que se les ha hecho un fraude en su salud, en su boca, y hasta ahora las administraciones asturiana y estatal no han dado las salidas necesarias. Ese es el motivo por el cual se siguen movilizando estas personas».

Javier Quiroga, administrador de la Plataforma Asturiana de Afectados por iDental, dijo que «tras las reuniones mantenidas con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio de Sanidad exigimos la paralización inmediata de todos los créditos establecidos con las financieras de aquellas personas afectadas por el cierre de iDental que no han podido finalizar su tratamiento». Se quejó de que «a pesar del compromiso de la Agencia de Sanidad y Consumo de mediar en estos casos, a día de hoy son muchas las personas que están encontrando problemas para la paralización de dichos pagos, recibiendo presiones e incluso amenazas telefónicas por parte de las financieras». Reclamó para las afectadas y afectados «un tratamiento sanitario en materia bucodental que permita solventar los problemas derivados de la mala praxis, todo ello sin sobrecoste ninguno, porque ya hemos pagado miles de euros por intervenciones agresivas que no resolvieron nuestros problemas».

Mónica Merino, otra de las damnificadas, aseguró que «necesitamos nuestro historial, los odontólogos necesitan ver cómo estaba la boca antes. Pedimos un peritaje, porque hay afectados cuyos casos son sangrantes. Queremos ser atendidos lo antes posible, hay muchos casos de gravedad, hay gente que no tiene dientes para comer, gente con infecciones que se están transmitiendo a las familias… No podemos esperar ni un mes más».